Ilegales

El gobierno de José Antonio Kast inició el traslado de extranjeros con antecedentes penales y situación irregular hacia sus países de origen.

“El riesgo del 2026 es claro: seguir administrando la precariedad como si fuera estabilidad. Creer que el país aguanta un poco más”.

"La verdadera división en el Perú no es entre la economía y la política, sino entre quienes viven dentro de la ley y quienes lo hacen fuera de ella", mencionó Felipe Morris.

Las condiciones de vida en la megacárcel han sido reconstruidas gracias a los testimonios y bocetos proporcionados por exdetenidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot).

Perú21 accedió a un registro policial nunca antes visto que permite calcular, con exactitud, el millonario negocio de los mineros informales gracias al Reinfo. Un negocio que ocasiona desde ejecuciones en un socavón hasta movidas en las altas esferas de la política.

Examina a una clase política pauperizada que representa a las actividades ilegales antes que a las demandas ciudadanas; a un Estado que sobrerregula a la gran empresa, pero no fiscaliza a las economías criminales; y a una élite polarizada que perdió el sentido común.

El canciller Elmer Schialer llegó al Congreso para presentarse ante la Comisión de Relaciones Exteriores, donde informará sobre la situación de los connacionales en Estados Unidos.

"Las medidas anunciadas por el Gobierno para poner freno a estas prácticas depredadoras, por otro lado, tampoco han pasado de meros saludos a la bandera".

"Asimismo, el Parlamento no puede estar de espaldas al país y hacerse de la vista gorda ante las graves consecuencias que ha generado este paraguas de impunidad en el que se ha convertido el Reinfo".

La minera Poderosa sufre un nuevo atentado. Delincuentes asesinaron a trabajador y dejaron herido a otro en Pataz, zona declarada en emergencia. Es el quinto atentado que sufre la empresa en lo que va del año. Minera atribuye ataque a avance de ilegales y pide no extender el Reinfo. 

Cerca de 94 mil ciudadanos venezolanos tienen la residencia vencida y piden una prórroga. El presidente de la ONG Unión Venezolana en el Perú, Óscar Pérez, hizo un llamado al presidente de la República, Pedro Castillo y al premier Aníbal Torres para que evalúen el caso de sus compatriotas.