No han pasado ni 15 días del nuevo año y el país es nuevamente testigo de un feroz ataque contra la minería formal –la empresa Poderosa– por parte de excavadores ilegales en contubernio con organizaciones criminales que operan en la región.
Al más puro estilo senderista de los años 80, estos delincuentes volaron una torre de alta tensión que abastecía de electricidad no solo a la mina, sino a varios distritos de la zona. Fueron tres detonaciones que retumbaron en los cerros de Pataz y sus alrededores. Dos de ellas para despistar a la policía, y una tercera, la más fuerte, contra el blanco principal.
Lo que se vivió luego fueron horas de oscuridad y de caos, que los maleantes detrás de la asonada aprovecharon para atacar uno de los socavones –también ilegales– que se explotan en los extramuros del campamento de la minera Poderosa, pero dentro del perímetro de la concesión que legalmente se le ha otorgado.
La violencia alrededor de estas actividades delictivas ha escalado, como ha escalado el ámbito y la influencia de la minería ilegal en el país, gracias también, cómo soslayarlo, a las facilidades que le viene otorgando el Congreso, con sus consabidas prórrogas del Reinfo, una tras otra, todas injustificables y más bien bajo sospecha. Un registro “temporal” que, como hemos dicho, no ha servido para nada.
Las medidas anunciadas por el Gobierno para poner freno a estas prácticas depredadoras, por otro lado, tampoco han pasado de meros saludos a la bandera. Del nuevo ministro de Energía y Minas es poco lo que se espera como solución a esta grave amenaza, que no deja de acrecentar su poder de fuego y descaro criminal.
Como recuerda la empresa minera afectada, el Ejecutivo ofreció hace un año instalar un frente policial en Pataz, pero hasta ahora no cumple. Ayer el premier Gustavo Adrianzén repitió la promesa, en esta oportunidad poniéndole fecha (“en dos meses”), de construir un equipado fuerte policial en la zona.
Más allá de que el Ejecutivo cumpla o no, lo cierto es que estas organizaciones criminales, que no pagan impuestos, destruyen el medioambiente, contaminan los ríos y siembran de terror y sangre las zonas donde operan, siguen moviéndose con carta libre para extender sus ilícitos negocios.