Estamos cerrando un año como varios de los últimos: con caos en la política y, sin embargo, solidez económica. Un nuevo cambio presidencial no afectó mucho el panorama macro: la menor inflación de la región, crecimiento en el consumo y la inversión, y el sol se sigue fortaleciendo. Una lectura fácil sería asumir que nuestra economía es a prueba de balas, no importa quién nos lidere y, pues, seguimos creciendo.
Pero en cada rincón también se siente la imparable influencia de la ilegalidad: mayor inseguridad, infiltración de plata negra en todos los partidos políticos y devastación ambiental (que ya se puede ver desde el espacio).
El problema no es solo la ilegalidad abierta —la minería ilegal, el narcotráfico, la tala, la extorsión—, sino su normalización. Hemos aprendido a convivir con ella, a “modularla” desde la omisión, a tolerarla mientras no cruce ciertas líneas. El riesgo es evidente: cuando el Estado renuncia a poner reglas, otros las imponen.
El reto central del próximo gobierno no será erradicar la informalidad —esa es una promesa tan popular como irreal—, sino evitar que termine de atropellar a la legalidad. Porque hoy el país ya no enfrenta una dicotomía entre izquierda y derecha, sino una disputa entre instituciones formales que creen en el crecimiento justo y economías ilegales que avanzan alimentando una espiral de inseguridad y caos.
Reforzar instituciones suena abstracto, pero es profundamente concreto. Es tener un sistema de justicia que funcione fuera de Lima, un Estado que ejecute obras sin convertirlas en escándalos, una regulación que no asfixie al pequeño, pero sí persiga al grande que opera al margen de la ley. Es, en el fondo, recuperar autoridad sin caer en autoritarismos.
La economía es parte de esa ecuación. Sin crecimiento sostenido y sin empleo formal posible, cualquier cruzada contra la ilegalidad está condenada al fracaso. No se combate la informalidad solo con fiscalización, sino con productividad, infraestructura y reglas simples. El Perú no necesita más trámites; necesita más resultados.
El riesgo del 2026 es claro: seguir administrando la precariedad como si fuera estabilidad. Creer que el país aguanta un poco más; que siempre se puede patear el problema hacia adelante. Pero las bisagras no esperan. O se usan para abrir una puerta distinta o se oxidan hasta romperse.
El Perú tiene una decisión que ya no puede postergar: o refuerza sus instituciones y redefine su relación con la informalidad o acepta que la ilegalidad termine dictando las reglas del juego. No hay punto medio. Y el tiempo, esta vez, juega en contra.