El Perú es un país sui generis donde muchas veces pensamos y nos alegramos de que la economía y la política vayan por cuerdas separadas: la primera creciendo, aunque poco, mientras la segunda es un verdadero desastre. Coincido con Diego Macera quien mencionó en un artículo reciente que se trata de un falso divorcio. Sin embargo, las “cuerdas” que realmente deberían llamar nuestra atención son la formalidad y la ilegalidad.
Algo más del 70% de nuestra economía es informal habiendo estado encima de 60% por décadas, claramente un problema estructural. Tendemos a caer en la falsa dicotomía entre informalidad e ilegalidad, cuando ser informal implica operar fuera de la ley. Incluye una multitud de actividades ilegales que incluyen evadir todo tipo de normas: ambientales, sanitarias, laborales, tributarias y municipales entre otras. Algunas más nocivas que otras. La informalidad es, por tanto, ilegalidad tolerada. Las separamos para sentirnos mejor.
El Perú está partido en dos: un pequeño sector formal que cumple normas y una mayoría informal que opera fuera del marco legal, por el motivo que sea. Mientras la segunda sea la norma, la formalidad seguirá siendo un mal negocio: un club minoritario, caro y bajo constante presión. Las empresas y trabajadores formales sostienen casi toda la recaudación, el financiamiento de la seguridad social y el cumplimiento de regulaciones que pocos pueden costear. El Estado opera sobre una base tributaria reducida y vulnerable.
Como la mayoría del electorado vive fuera del sistema legal, no sorprende que la política responda a ese universo. Por eso vemos retiros de fondos de pensiones, leyes populistas, prórrogas absurdas de leyes nocivas, creación de universidades sin estándares, moratorias tributarias y discursos que celebran la evasión como emprendimiento. Imposible desarrollarse cuando la economía que opera con reglas que impiden crecer, con un Estado que no logra imponer la legalidad mínima, y con un Congreso que la promueve.
Para enfrentar una informalidad/ilegalidad que ha oscilado alrededor del 70% durante décadas, se requieren tres reformas esenciales: un Estado que ofrezca servicios de calidad y trámites razonables; un régimen laboral y tributario realista, alineado con la estructura productiva real del país que facilite la formalización progresiva; y un gobierno que haga cumplir la ley y ponga orden público, fundamentales para formalizar.
La verdadera división en el Perú no es entre la economía y la política, sino entre quienes viven dentro de la ley y quienes lo hacen fuera de ella, algunos causando un gran daño social y ambiental. Esa es la verdadera línea de fractura que impide construir institucionalidad y un Estado que funcione. Mientras no cerremos esa brecha, ninguna reforma, gobierno o ciclo económico podrá sostenerse. Y la pobreza no se reducirá. La tarea nacional es integrar estas “cuerdas” para tener un país donde la ley, la oportunidad y el desarrollo alcancen a todos. La posible prórroga del Reinfo, entre otras leyes populistas en el tintero, nos alejan de este objetivo. ¿Elegiremos mejor el próximo año?