Cada vez que una elección se define por márgenes estrechos —y las últimas se definen casi siempre así— se desata en redes, reuniones familiares y columnas de opinión una competencia por explicar el voto del otro. Las explicaciones son tres y se repiten: el otro votó así porque es poco inteligente, porque es irracional o porque actúa de mala fe. Las tres comparten una premisa que rara vez se examina: que hay un voto correcto producto de la racionalidad, de haber leído programas de gobierno, comparado propuestas, sopesado evidencia y llegado a una conclusión informada. El que no hizo eso votó mal. El que votó mal es parte del problema.
Quisiera defender al que votó mal.
No porque su candidato fuera el bueno, sino porque la premisa es falsa. El voto racional, entendido como el producto de un análisis comparativo de propuestas, es una fantasía ilustrada que casi nadie practica y que probablemente nadie ha practicado jamás. Lo que la mayoría de los votantes hace —en el Perú, en Francia o en Estados Unidos— es otra cosa: vota desde una tradición familiar, una pertenencia regional, una intuición sobre quién se parece más a la gente que uno conoce y respeta, una lealtad de clase, un agravio acumulado o un acto de fe. Eso no es un defecto de la democracia. Es su materia prima.
La democracia contiene una apuesta bastante audaz. No supone que cada ciudadano sea sabio. Supone que la suma de millones de juicios parciales, sesgados, emocionales e imperfectos puede producir mejores decisiones colectivas que las que tomaría una minoría de expertos. La inteligencia colectiva no surge a pesar de los errores individuales, sino precisamente a través de ellos.
La democracia nunca descansó exclusivamente sobre la razón. Desde sus orígenes ha sido una convivencia incómoda entre argumentos e identidades, entre deliberación y emociones, entre cálculo y pertenencia. Su fortaleza no consiste en que todos votemos racionalmente. Consiste en aceptar que los demás tienen derecho a llegar a conclusiones distintas de las nuestras, incluso cuando nos parecen incomprensibles. El voto es secreto no por capricho: es secreto porque la razón del voto le pertenece al votante y no tiene que satisfacer los estándares epistémicos de nadie.
Puedes votar por quien votó tu padre, por quien te cae mejor en televisión, por quien te prometió algo que sabes que no cumplirá o por quien se parece a la gente entre la que creciste. No todas las razones son comprensibles para todos. Pero todas son legítimas dentro del pacto democrático.
Aceptar eso exige una dosis de humildad. Todos heredamos ideas, afectos, prejuicios y lealtades. Todos estamos influidos por nuestra familia, nuestro entorno y nuestra historia. Todos somos, como tituló Dan Ariely uno de sus libros, predeciblemente irracionales. Quien explica el voto del otro como un acto de ignorancia debería preguntarse, con honestidad, cuántas de sus propias convicciones nacieron del análisis desapasionado de la evidencia y cuántas de un origen que desconoce.
Hasta aquí, la defensa. Ahora, la pregunta.
Durante gran parte del siglo pasado, las emociones políticas nacían en comunidades humanas: la familia, el partido, el barrio, la iglesia, el sindicato. Espacios imperfectos, llenos de prejuicios y conflictos, pero con una virtud poco apreciada: producían diversidad. La sabiduría colectiva no surgía porque todos fueran racionales. Surgía porque sus irracionalidades eran distintas y, al encontrarse, se corregían mutuamente.
La irracionalidad política no es nueva. Lo nuevo es su industrialización.
Las redes sociales y la inteligencia artificial permiten identificar temores, resentimientos y deseos con una precisión inédita. No crean emociones desde cero, pero las amplifican, las dirigen y las explotan a escala. El algoritmo no tiene interés en que pensemos mejor sino que permanezcamos conectados. Lo logra porque ofrece más de aquello que ya creemos, ya tememos o ya detestamos. Lo que antes surgía de vínculos humanos ahora puede ser inducido por sistemas cuyo objetivo principal no es la deliberación democrática sino la rentabilidad.
La democracia fue diseñada para administrar desacuerdos humanos, no para administrar desacuerdos producidos artificialmente.
Los fundadores de las democracias modernas temían a los demagogos. No imaginaron sistemas capaces de construir una demagogia personalizada para millones de ciudadanos simultáneamente. La suma de millones de irracionalidades diversas podía producir algo parecido a la sabiduría. La suma de millones de irracionalidades idénticas, no. Más bien lo contrario.
Defiendo, entonces, el derecho a votar irracionalmente. Pero me preocupa que esas irracionalidades dejen de ser nuestras; que dejen de surgir de la experiencia vivida y comiencen a ser diseñadas, optimizadas y administradas por sistemas que nadie eligió democráticamente.
La próxima vez que alguien diga que el otro bando votó por estupidez, sugiero un ejercicio más útil que el insulto: intentar explicar, en voz alta y sin caricaturas, por qué una persona razonable habría votado así. Si no puede hacerlo, no ha descubierto la irracionalidad del otro. Solo ha tropezado con los límites de su propia comprensión.