Hoy, la debilidad institucional que afecta a los sistemas administrativos es la más grave de los últimos tiempos. Salvo el sistema de abastecimiento, cuyo marco normativo se actualizó con la Ley N.° 32609, Ley de Contrataciones Públicas, que entró en vigencia en abril del año pasado, los demás requieren no solo reformas legales, sino cambios profundos en sus procesos operativos. Y como lo he comentado previamente en esta columna, es imprescindible que estos sistemas funcionen de manera articulada para superar la fragmentación actual, tanto en su integración intersistémica —para operar como un engranaje único al servicio del ciudadano y garantizar transparencia, legalidad, eficacia, rendición de cuentas e integridad— como al interior de cada sistema, donde a menudo las etapas son solo secuenciales en teoría y faltan mecanismos de integración concurrente.
Recientemente, en la presentación del libro Transformando la operación estatal: Ideas para mejorar los sistemas administrativos en la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental, y el posterior conversatorio con expertos en gestión pública, se subrayaron estos desafíos.
Hoy más que nunca los ciudadanos necesitan un Estado que funcione a su servicio, pero para lograrlo se requieren mejoras sustantivas a corto plazo y reformas estructurales a mediano plazo, incluidas modificaciones legales y, en algunos casos, constitucionales que permitan modernizar los sistemas administrativos y la operación estatal.
Aunque se necesita una visión integrada de metagobernanza que, desde el sistema de modernización de la gestión pública, articule y coordine las mejoras en todos los sistemas administrativos, la reforma más urgente es la implementación de un servicio civil meritocrático y flexible en los niveles nacional, regional y local.
Esto es especialmente crítico en los gobiernos subnacionales, donde las brechas de capacidad institucional son mayores. Se propone una carrera pública que abarque incluso los cargos gerenciales, reservando únicamente los puestos de confianza para la alta dirección, y que garantice la incorporación y permanencia de los mejores funcionarios mediante concursos públicos meritocráticos con fases preclusivas, sistemas de ascenso programados y desvinculación automática ante la ausencia reiterada de promoción por falta de mérito y bajo desempeño. No se trata solo de regulaciones o mejora de procesos. Se debe observar la necesidad de contar con servicio civil profesional y meritocrático.
Solo con la transformación de los sistemas administrativos, aprovechando intensivamente la inteligencia artificial y aprendiendo de la literatura especializada y la experiencia nacional e internacional comparada, se podrá restablecer la institucionalidad en la operación estatal y la confianza ciudadana, asegurando que la gestión pública se despliegue con criterios técnicos, en favor del interés colectivo y por los mejores profesionales disponibles, al servicio de la nación.
De este modo, el próximo gobierno nacional y los regionales y locales, durante su siguiente periodo gubernamental, no solo tendrán mayores posibilidades de cumplir las promesas hechas en campaña, sino también de sentar las bases para retomar una senda sostenida de crecimiento económico y desarrollo social en beneficio de todos los peruanos.