La ciencia política demuestra que las constituciones no siempre se destruyen con las armas ni con golpes de Estado. En ocasiones su implosión se inicia con los propios instrumentos que provee el sistema democrático. Quienes llegan al poder mediante elecciones libres y bajo reglas constitucionales terminan, una vez aupados en ese poder, pervirtiendo sus reglas y propiciando su reemplazo. Rinden culto al leninismo: “salvo el poder, todo es ilusión”.
No son las reglas democráticas las que inspiran esa voluntad política. Ni la consolidación del Estado de derecho. Su principal objetivo es la captura del poder en un “todo vale” o “el fin justifica los medios”. Los programas, discursos, promesas e ideologías son instrumentos para acceder al gobierno mediante elecciones periódicas con alternancia de poder. Hay una diferencia entre quienes entienden el poder como una responsabilidad sujeta por la Constitución y quienes lo consideran un fin en sí mismo.
Los sistemas constitucionales fueron diseñados para evitar la concentración y arbitrariedad del poder. No son “pelotudeces democráticas” como se espetó. La separación y contrapeso de poderes, la independencia de las entidades de control, la libertad de prensa y el respeto de los derechos fundamentales están destinados a impedir que una mayoría circunstancial transforme su circunstancial victoria electoral en dominación perpetua.
La estrategia es recurrente: se alcanza el gobierno invocando la necesidad de cambios profundos y denunciando deficiencias del sistema. Su legitimidad inicial proviene de las urnas y de la Constitución. Una vez en el poder, acusa a las instituciones de ser obstáculos de la auténtica voluntad popular que solo él dice representar. La Constitución con la que accedió al poder pasará a ser una barrera del cambio social.
Surgirá la “propuesta” de la “asamblea constituyente” como panacea para la refundación política. Una constituyente, que puede ser una legítima herramienta para actualizar un pacto social o responder a un “momento constituyente”, se vuelve en instrumento para desmantelar el control constitucional dándose inicio a la captura del poder por largo tiempo.
La lógica es sencilla: si la institucionalidad equilibra al gobernante, es necesario sustituirla por un nuevo diseño funcional para mantener el poder bajo el pretexto de la profunda transformación. La Constitución ya no será más una limitación del poder, sino un “obstáculo” del “verdadero poder popular”. Total, la legitimidad popular está por encima del límite constitucional.
Las democracias ya no desaparecen abruptamente. Se deterioran gradualmente a través de cambios constitucionales de aparente legalidad. Se utilizarán los mecanismos formalmente legales para vaciar de contenido a la Constitución. La reforma constitucional será el camino para neutralizar controles y perpetuar el poder. La cuestión deja de ser constitucional y pasa a ser de supervivencia política.