Con la proclamación de los resultados de la segunda vuelta de las elecciones generales 2026 se inicia un proceso formal y protocolizado de vital importancia: la rendición de cuentas y la transferencia de gestión de la Administración Castillo-Boluarte-Jerí-Balcázar a la Administración Fujimori. La presidenta electa Keiko Fujimori ya presentó al equipo que encabezará la transición y garantizó la continuidad de las políticas públicas que han demostrado resultados.
La transferencia no es solo un trámite administrativo; es un proceso de gestión, tanto táctico como operativo, que permitirá al nuevo equipo de gobierno —que conducirá el país durante el próximo quinquenio— asumir el control de las principales entidades del Poder Ejecutivo. Este proceso aprovecha un tiempo valioso, aunque limitado, para que la administración entrante conozca en detalle la situación que recibe de la gestión saliente y, según sus prioridades estratégicas, adopte medidas informadas e inmediatas en los primeros meses de gobierno.
Sin embargo, el equipo de transferencia tendrá la seria y necesaria labor de analizar los aspectos esenciales y urgentes de los once sistemas administrativos que rigen la gestión pública, entre los que se encuentran presupuesto, tesorería, inversiones, abastecimiento y control, entre otros. También corresponde revisar los principales indicadores de desempeño institucional, los logros de la gestión saliente y, sobre todo, la información crítica para garantizar la continuidad de las operaciones y la prestación de servicios públicos.
Entre los temas que estarán en la agenda figuran la seguridad ciudadana, el próximo fenómeno de El Niño, la simplificación administrativa, la racionalización del gasto público y el destrabe focalizado de obras paralizadas a lo largo de todo el Perú. No obstante, gran parte del éxito inmediato de las medidas adoptadas dependerá de la precisión de la información oficial disponible y del conocimiento real del estado de las instituciones; precisamente, son la apertura y oportunidad de información las que aportan al proceso de transferencia, que debe permitir a la administración entrante tomar decisiones urgentes para consolidar el nivel de aprobación ciudadana y la legitimidad social obtenidos en las urnas.
El proceso está reglamentado por la Contraloría y se realiza de forma digital mediante un aplicativo diseñado para tal fin, al que la ciudadanía también puede acceder para ejercer mecanismos de control
social.
Aunque formalmente la etapa inicial suele durar alrededor de cuatro semanas —intervalo entre la designación de los equipos de transferencia sectoriales y la toma de mando con la firma de actas en cada ministerio—, la transferencia como proceso de gestión puede requerir más tiempo. Dependiendo de las capacidades y la experiencia de los equipos entrantes y de la complejidad de cada organización sectorial, la transición puede prolongarse varias semanas o meses hasta que la nueva administración alcance un control razonable de la situación y proceda a renovar o confirmar los principales cargos de confianza.
La evidencia indica que unas pocas semanas resultan insuficientes para asegurar una transición adecuada del Poder Ejecutivo. En ese sentido, para futuros procesos electorales, los integrantes del nuevo Congreso de la República deberían evaluar la posibilidad de ajustar la fecha de la segunda vuelta electoral para dar más espacio al proceso de transferencia. Esa medida podría integrarse en una reforma estructural del sistema electoral peruano que el nuevo gobierno debería abordar a mediano plazo.