La memoria es frágil y hay quienes aprovechan eso en momentos clave para jugar con la percepción de las personas. Esto viene ocurriendo en este nuevo proceso electoral con el terruqueo que se ha dado en los últimos años y con mayor intensidad desde el gobierno de Pedro Castillo, pero hay que diferenciarlo de aquellos señalamientos que sí tenían fundamentos.
El terruqueo existe. Claro que sí. Lo usan la derecha y la izquierda en distintas partes del mundo. En el Perú somos testigos de cómo cierto sector de la derecha lo utiliza contra cualquier actor político o ciudadano alejado de sus ideas, pero regímenes de izquierda como Cuba también terruquean desde el oficialismo a los disidentes.
El terruqueo existe, pero también debemos reconocer que las ideas que alimentan el terrorismo son reales y en el Perú llegaron a capturar universidades, gremios y espacios sociales. El problema es que cuando todo se terruquea, luego resulta más difícil distinguir cuándo una alarma sí tiene base.
Durante la primera vuelta electoral y ahora rumbo a la segunda, hemos escuchado cuestionar o invalidar a distintos postulantes y actores políticos bajo la idea de que “terruquearon” o apoyaron a Fujimori en 2021 frente a Castillo. El terruqueo ocurrió muchas veces, pero no siempre. Ahora se intenta instalar que toda alerta hecha durante el gobierno de Castillo fue paranoia de la derecha o manipulación mediática. No fue así.
Sobre Keiko Fujimori, por supuesto, la actuación del fujimorismo desde el Congreso no ha ayudado precisamente a validar el apoyo que muchos le dieron; más bien ha profundizado el rechazo hacia ese sector. Pero también existe una intención de juzgar con superioridad moral, varios años después, a quienes votaron por ella, como si no hubiese sido un desastre el propio Castillo, la llegada de Perú Libre al Congreso y el respaldo político a personajes y entornos con vínculos con el terrorismo.
Recordemos que Guido Bellido, premier de Castillo, calificó como “luchadora social” a Edith Lagos, una de las cabecillas de Sendero Luminoso, luego de que un programa periodístico cusqueño le consultara por una publicación en Facebook donde la homenajeaba. Si bien el caso terminó archivado, Bellido sí afrontó una investigación fiscal por presunta apología al terrorismo.
Otro caso fue el de Íber Maraví, exministro de Trabajo y Promoción del Empleo. Diversos reportajes revelaron atestados policiales y testimonios que supuestamente lo vinculaban con acciones senderistas en Ayacucho durante los años ochenta, además de presuntos nexos con el Movadef. Maraví negó todo ante el Congreso en 2021 y nunca fue condenado, pero nuevamente existían investigaciones, documentos y antecedentes concretos detrás de las alertas públicas.
Durante su gestión, Maraví reconoció a la Federación Nacional de Trabajadores en la Educación del Perú (Fenatep), sindicato impulsado por Pedro Castillo y en el que participaron dirigentes con antecedentes de adhesión al Movadef, organización considerada por el propio Poder Judicial como una fachada política vinculada a Sendero Luminoso. Ignorar esto también es una forma de distorsionar la memoria.
Y quizás el ejemplo más evidente de por qué no todo fue terruqueo sea el presente. César Tito Rojas, fundador y dirigente vinculado al Movadef, alcanzaría hoy una curul en la Cámara de Diputados por Juntos Por el Perú. Tito Rojas ya había sido relacionado anteriormente con visitas y acercamientos al entorno del expresidente.
Decir esto no implica ignorar el enorme daño político que el fujimorismo le ha hecho al país. Tampoco justifica el terruqueo indiscriminado, pero una cosa es denunciar el abuso del terruqueo y otra muy distinta es pretender que toda advertencia sobre vínculos con sectores radicales es paranoia o manipulación. No hay que perder la capacidad de reconocer cuándo sí existen señales que deberían preocuparnos.