En el marco de la desconfianza generada por las irregularidades en la primera vuelta, algunos han planteado la anulación de las mesas 900, que corresponden a aquellos centros poblados que están muy lejos de la capital del distrito que les corresponde. La mayoría de los peruanos elegimos alcaldes distrital y provincial, gobernador regional y presidente de la república. Quienes viven en estos centros poblados remotos tienen un alcalde propio porque el municipio distrital no les puede brindar servicios por su lejanía. Para ello, desde 2005, se han ido creando alcaldes de centros poblados, con padrones que se desprenden de los padrones distritales. Estas mesas se han usado sin problema desde 2006.
Aunque su suspicacia tiene múltiples motivos, quienes proponen esta anulación lo fundamentan legalmente en que esos padrones fueron creados para elecciones de alcaldes de centros poblados y no han sido específicamente validados para elecciones generales. En esas mesas 900 han votado aproximadamente un millón de peruanos que viven en zonas remotas. ¿Cómo tomaría esa medida el millón de peruanos cuyo voto se plantea anular? ¿Qué implica para la conflictividad social del próximo lustro? ¿Cuál va a ser la implicancia política de haber propuesto una anulación de este tipo? ¿El solo hecho de proponerla no promueve ya que este proceso electoral se enfoque alrededor de los contrastes Lima vs. Perú rural, modernidad vs. postergación? ¿Es o no frotar ají sobre las brechas que, lamentablemente, son una realidad todavía no superada?
El planteamiento, además, proviene del mismo grupo que ha defendido el voto limeño por encima de cualquier consideración formal legal. Efectivamente, la Constitución señala que es nulo y punible todo acto que violente el derecho al sufragio. Por la demora en la entrega de material electoral y la consecuente no instalación de las mesas a la hora establecida, se convocó a una elección complementaria al día siguiente, sin que exista base legal para ello. Y, luego de eso, se hizo notar que se había afectado el derecho al voto de quienes asistieron al centro de votación cuando la mesa no estaba todavía instalada y no pudieron volver. Ese número, según los cálculos hechos con mayor rigurosidad, sería alrededor de 7 mil electores, aunque inicialmente se habló de un millón. Quienes proponen proteger el derecho al voto de esos peruanos plantean que es posible hasta obviar que la Constitución señala al 28 de julio como fecha de cambio de mando.
¿Alguien cree que eso no va a ser considerado como doble vara? La discusión legal puede ser más compleja, pero no es lo que va a impactar en la opinión pública —menos aún en nuestros compatriotas de centros poblados—. De prosperar esa pretensión, lo que se asentaría como narrativa es que el voto de Lima es sacrosanto y no importan las formalidades legales, pero el millón de votos de centros poblados es nulo si no tiene ley específica que lo establezca.
El candidato Roberto Sánchez, cuyos planteamientos y antecedentes generan muy justificadamente temor por su impacto no solo en la economía, sino en la institucionalidad, busca morigerar su imagen y ha dicho que a él no le importa el crecimiento económico sino el desarrollo. Ya se le ha respondido con cifras aclarando que el crecimiento económico ha permitido, justamente, mejorar varios indicadores de desarrollo. Sin embargo, ahondar en esa línea, por más razones y cifras que se citen, no sirve de mucho. Lo primordial es empatizar con la frustración que la gente siente, con todo derecho. Vivimos, además, un crecimiento y reducción de pobreza mediocres, que de ninguna manera bastan. Si los argumentos no encausan esa frustración y no se transmite un compromiso real para asegurar servicios que hoy no llegan a la población, ningún discurso, por evidencia que tenga, será bien recibido. El mensaje de sí hemos avanzado, pero no tanto como deberíamos, puede ser cierto, pero no sirve. La gente está frustrada y quiere cambios, si no se le hace ver qué va a cambiar y cómo van a tener un mejor país, el discurso
no cala.