Ositran

El informe de Ronin analiza el impacto que tendría la TUUA de transferencia sobre el turismo receptivo, la conectividad aérea y la economía peruana.

Verónica Zambrano, presidenta del organismo regulador afirmó al Puerto de Chancay que supervisará el cumplimiento de las obligaciones con los usuarios.

El organismo advirtió que existen interpretaciones erróneas sobre el fallo y recordó que el pago financia el mantenimiento y operación de las carreteras concesionadas.

El gremio de infraestructura advierte que el traslado de una carga de 101 toneladas —cuando el límite habitual es 60— pone en peligro estructuras vulnerables y exige al MTC una intervención urgente en la red vial concesionada.

Según el informe remitido al titular del MTC, estas infraestructuras presentan deterioro estructural, desgaste por antigüedad o daños ocasionados por factores climáticos, lo que podría comprometer su seguridad.

Señalaron que la supervisión y regulación en infraestructuras de uso público es un elemento fundamental para velar por los intereses del Estado peruano

Verónica Zambrano, presidenta del organismo, afirmó que la entidad debe supervisar la inversión privada para evitar abusos de mercado.

Fallo reconoce de manera expresa el carácter privado del puerto de Chancay, así como las competencias limitadas de Ositrán para ejercer labores regulatorias sobre esta infraestructura, señala el abogado de Cosco Shipping.

La concesionaria advirtió que la medida responde a acuerdos con el MTC y OSITRAN, y remarcó que el derecho de cobro está establecido en el contrato de concesión. 

Ositrán dio luz verde al ambicioso plan de ampliación de la Línea 1 del Metro de Lima que permitirá mejorando la seguridad en estaciones saturadas, sin embargo, tarifa del pasaje podría duplicarse.

“Otro punto kafkiano es que el árbitro Cantuarias no inventó cifras y solo se limitó a reconocer los montos establecidos por la estatal Ositran para resolver el caso”.

El ministro de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval, presentó una carta notarial dirigida al alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, por haber dado información difamatoria en su contra, y le dio 24 horas para que se rectifique.