La justicia tardó, pero llegó. Por haber sobrevalorado en más de S/7 millones el servicio de áreas verdes en la avenida Néstor Gambetta, el Poder Judicial (PJ) condenó a exfuncionarios del Gobierno Regional del Callao y otras personas vinculadas al proyecto.
MTC ha cortado contacto con empresa Comercializadora del Oriente, en cuyo terreno ocurrieron los derrumbes.
La noticia la dio a conocer la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios del Callao. Las condenas fueron para la excoordinadora general de la administración del proyecto Gambetta, Elena Delgado, y en el gerente general de la empresa Pradera Grass E. I. R. L., Aybar Roca, quienes recibieron siete años y seis meses de cárcel.
Los delitos imputados fueron colusión agravada y falsedad genérica para una red delictiva integrada por exfuncionarios del Gore Callao y particulares. "Ello por haber direccionado y sobrevalorado la contratación del servicio de áreas verdes en la avenida Néstor Gambetta, que dejó un perjuicio de S/ 7'456,496.42", se lee en la nota de prensa enviada por el Ministerio Público.
Asimismo, el exinspector de servicio del Gore Callao, Fernando Barberena, y el arquitecto locador externo, Henry Lazarte, recibieron penas de seis años de prisión efectiva. Todos ellos, así como la empresa Pradera Grass (declarada tercero civilmente responsable), deberán también pagar S/8' 472,496.42 de reparación civil a favor del Estado.
De acuerdo a la tesis de la fiscal provincial María Edith Canales Alarcón, los exfuncionarios del Gore Callao concertaron ilegalmente, entre 2013 y 2014, con el empresario Aybar Roca para defraudar al Estado mediante la manipulación de términos de referencia, sobrevaloración de presupuestos, ampliaciones de plazo injustificadas y recepción de servicios deficientes o no ejecutados.
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Los cargos se fundamentaron en prueba indiciaria, pericias que confirmaron la adulteración de informes para elevar montos e inspecciones físicas de la Contraloría, las cuales identificaron la paralización de las obras y materiales deficientes en comparación con lo pagado.
Como parte de la condena, los sentenciados fueron inhabilitados para ejercer cualquier cargo público y para contratar con el Estado por el mismo periodo de la pena privativa de la libertad, según corresponda.
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