Han pasado más de cuatro meses desde que se reportó un forado de gran tamaño en el kilómetro 3.5 de la avenida Néstor Gambetta, en el Callao, y el panorama en el lugar sigue siendo prácticamente el mismo: estudiantes junto a sus padres caminando al lado del agujero, cubierto con viejas cintas rojas, en medio de motos, mototaxistas y autos que van a gran velocidad.
Un equipo de Perú21 llegó nuevamente a la zona y constató la instalación de un cartel que anuncia el mejoramiento de la avenida Néstor Gambetta (del kilómetro 03+720 al 04+350) con una inversión de casi S/19 millones y un plazo de ejecución de 220 días, si es que no se vuelve a caer la pista.
La situación genera preocupación entre vecinos y transportistas, no solo por el estado de la vía, sino por la falta de información clara sobre el tipo de intervención que se realizará y la garantía de que esta vez sí será perdurable.
“Recién entramos en conversaciones con el ingeniero de la obra. Nos dicen que el proyecto empezó el 10 de febrero y se prolongará hasta noviembre. Que van a cavar 18 metros de profundidad y van a romper toda la pista en los cuatro carriles. Si va a quedar un hueco, ¿cuál es el plan de contingencia frente a las vibraciones y fuertes sonidos?”, cuestionó la vecina Noemí Chávez, presidenta de la ampliación del asentamiento humano Cruz de Motupe II.
Líneas blancas indican ampliación de la vía hacia lado de las viviendas. (Foto: Luis Julián Landauro / Perú21)
¿A QUÉ JUEGA PROVÍAS?
Otro residente contó que como Provías, unidad ejecutora del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), no ha llegado a un acuerdo con el dueño de la empresa Comercializadora del Oriente SAC, en cuyo terreno se produjo un derrumbe por causa del forado, ahora se estaría planeando ampliar el espacio de intervención hacia el lado de las viviendas. La solución pasaría por expropiar terrenos de los vecinos.
Miguel Ángel de la Flor, representante legal de Comercializadora del Oriente SAC, señala que desde hace cinco meses el MTC, a través de Provías, ha cortado comunicación con la compañía pese a la grave afectación a su propiedad.
“La empresa no realiza ninguna actividad comercial en ese local, porque no hay seguridad del caso para el personal ni los bienes de la compañía. Con el último derrumbe se generó la destrucción de varios containers apilados cerca de la zona del talud”, relata De la Flor.
El abogado enfatiza que desde 2020 Provías ha venido anulando reiteradamente los acuerdos económicos alcanzados entre ambas partes. La última vez se acordó que Provías pagaría 8’700,000 soles por el terreno de Comercializadora del Oriente. Hubo hasta registro de entrega en Sunarp, pero la unidad ejecutora del MTC se echó, nuevamente, hacia atrás.
“Queremos que el MTC nos convoque a una reunión para que sepamos qué obra se va a hacer, en qué periodo de tiempo y de qué manera”, indica De la Flor.
Otro punto crítico es el impacto que tendría el cierre total de la vía en los AA.HH. ubicados en la zona, como Cruz de Motupe y Villamoto.
Actualmente, por el tramo afectado solo circulan vehículos livianos —principalmente autos de residentes y mototaxis—, lo que permite mantener una limitada conexión. Sin embargo, los vecinos advierten que un cierre completo podría interrumpir el acceso de camiones cisterna que los abastecen de agua potable, además del traslado diario de escolares y trabajadores. ¿Cómo se garantizará este servicio básico y la movilidad en la zona?
SIN DESCARGO
Ante este escenario, Perú21 solicitó entrevistar desde el miércoles 25 a un representante del MTC para aclarar aspectos técnicos y sociales del proyecto, incluyendo el tipo de obra prevista, la seguridad de la infraestructura frente al tránsito pesado hacia el Megapuerto de Chancay, posibles expropiaciones y el plan de contingencia para los residentes, e incluso este diario envió un cuestionario para reducir la demora.
Sin embargo, la entidad respondió que no podía atender las consultas porque “no están bajo un sustento técnico”, en referencia a que las preguntas recogían preocupaciones de los vecinos.
La respuesta denota una negativa a abordar inquietudes ciudadanas sobre una obra que impacta directamente a los vecinos. De hecho, la entidad admite que la vía es un “eje clave de conexión con el norte del país y con el Puerto de Chancay, beneficiando de manera directa a más de dos millones de ciudadanos y transportistas”.