Pedro Castillo busca acelerar un indulto ilegal que le permitiría huir a México y, siguiendo el libreto de Evo Morales en Bolivia, orquestar su retorno al poder. Ejemplo de ello es el reciente y vergonzoso informe del Grupo de Trabajo de la ONU, un claro intento de lavarle la cara al exmandatario golpista. El documento califica su detención de “arbitraria” por supuestas faltas al debido proceso y exige la liberación de quien, en cadena nacional, anunció la instauración de una dictadura.
Lo verdaderamente indignante de este texto, que parece hecho a la medida de Castillo, es la inversión de roles: coloca como víctima a quien ordenó sin pudor el cierre del Congreso y la intervención de todos los poderes públicos; y señala como transgresor al sistema democrático que activó sus herramientas constitucionales en legítima defensa.
El argumento central de la ONU sostiene que no se siguió el procedimiento adecuado para su destitución. Sin embargo, esta tesis peca de un formalismo ciego, dado que los procesos regulares están diseñados para situaciones ordinarias, donde el presidente acude al Parlamento a defenderse. Sin embargo, Castillo acababa de ordenar a las FF.AA. el cierre inconstitucional del Congreso y se encontraba en plena fuga hacia la embajada de México. ¿Resultaba lógico, o siquiera posible, que el Legislativo esperara los plazos ordinarios para debatir la vacancia de quien acababa de ordenar su disolución por la fuerza?
Este penoso capítulo demuestra que ciertos organismos internacionales, surgidos tras la Segunda Guerra Mundial, han perdido su razón de ser. Un buen indicador es que la sangrienta dictadura cubana ha sido miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en varias oportunidades. No obstante, más preocupante es que y han permitido que agendas sesgadas y antioccidentales busquen desestabilizar países que no les son afines
Frente a esto, el Perú debe replantear su política exterior y priorizar el relacionamiento directo con naciones afines y participar únicamente en aquellos espacios multilaterales que defiendan genuinamente los valores institucionales, el Estado de derecho y el libre mercado.