Finalmente, el JNE proclamó a Keiko Fujimori como la ganadora de la segunda vuelta y futura presidenta del Perú, en un proceso que pareció más largo que el viaje del Niño Goyito. La primera vuelta nos trajo una composición del nuevo Congreso que dificulta cambios radicales, donde ninguna agrupación controla por sí sola ninguna de las cámaras. Esto obliga a Fuerza Popular a concertar con otras bancadas para asegurar algún consenso para gobernar con tranquilidad.
A raíz de la reciente implementación de la bicameralidad en el Perú, existe una percepción relativamente extendida en muchos sectores de la opinión pública de que un eventual gobierno sin mayoría parlamentaria tendría una capacidad muy limitada para producir cambios económicos significativos. Sin embargo, esto no es cierto. Realmente se puede hacer mucho desde el gobierno, incluso sin mayoría congresal.
El Ejecutivo dispone de una amplia gama de instrumentos de política pública que no requieren aprobación del Congreso. Se puede facilitar o entorpecer el crecimiento económico con decisiones de gestión que no requieren leyes. Modificaciones regulatorias pueden aumentar o disminuir barreras a la inversión y al empleo formal incrementando costos, alterando incentivos económicos o generando incertidumbre. Se puede generar un impacto económico positivo o negativo muy relevante sin depender del Congreso.
Obviamente, no se cuenta con los votos para cambiar la Constitución o aprobar leyes, pero sí con amplias facultades para modificar importantes políticas. El próximo gobierno podrá impactar significativamente sobre las decisiones de inversión, el empleo formal, la productividad, la competitividad y el crecimiento económico. No mediante grandes reformas legislativas, sino a través de cientos de decisiones administrativas. Y más importante aún: podrá mejorar el funcionamiento de nuestra endeble administración pública, cada vez más disfuncional.
Algunas medidas procrecimiento que podrían implementarse por vía administrativa: simplificar trámites, digitalizar procedimientos, reducir trabas al empleo formal, agilizar procedimientos aduaneros, acelerar la inversión en infraestructura, cambiar la red de autorizaciones para la inversión en sectores extractivos simplificando la obtención de certificaciones ambientales, permisos de uso de agua, procesos de consulta previa y licencias operativas; y decidir qué hacer con Petroperú y otras instituciones públicas. Asimismo, puede mejorar la calidad del gasto público, reducir la evasión tributaria y aumentar la efectividad de los programas sociales.
Todo esto será posible en la medida en que se designe ministros y autoridades competentes e idóneas en diversas entidades públicas, ya que son ellos los que toman las decisiones que influyen significativamente sobre un conjunto de políticas que afectan el crecimiento y desarrollo económico del país con un gran impacto sobre la población. En conclusión, el nuevo gobierno tiene un gran poder para definir el rumbo económico del país a través de cientos de decisiones administrativas que pueden pasar desapercibidas, pero tienen un gran impacto. Sería muy positivo si se logra hacer las alianzas en el Congreso para facilitar la gobernabilidad y tentar algunas reformas, pero se puede hacer mucho incluso sin estas.