Luis Pacheco Marimón

La titular encargada de la Defensoría del Pueblo, Eliana Revollar, cuestionó a quienes organizan las protestas anunciadas a partir de mañana por ocultar su identidad y no acceder al diálogo con las autoridades, pese a la ola de violencia que registró 28 fallecidos en diciembre último.

El Pleno del Congreso votará hoy, a partir de las 10:00 a.m., el pedido de reconsideración planteado por el congresista Eduardo Salhuana (APP) para reabrir el debate del adelanto de elecciones generales a diciembre de 2023.

Con casi el 100% de actas contabilizadas por la ONPE tras la segunda vuelta de las elecciones regionales, Somos Perú se posiciona como la gran fuerza política ganadora de los comicios ya que a nivel nacional se hizo cerca de 200 alcaldías provinciales y distritales, así como siete gobiernos regionales: Roger Guevara en Cajamarca, Werner Salcedo en Cusco, Jorge Pérez en Lambayeque, Gilia Gutiérrez en Moquegua, Juan Chombo en Pasco, Walter Grundel en San Martín y Jorge Chávez en Loreto.

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) decidió por mayoría, con 13 votos a favor y 8 en contra, archivar la denuncia contra la vicepresidenta Dina Boluarte, a quien se le acusaba de infringir la Constitución debido a un conflicto de intereses ante los actos que ejerció en representación del Club Departamental Apurímac ante la Municipalidad de Lima cuando era ministra de Desarrollo e Inclusión Social.

En amplio consenso, el Pleno del Parlamento aprobó ayer con 98 votos a favor, 10 en contra y 4 abstenciones autorizar a la Mesa Directiva que interponga una demanda competencial y una medida cautelar contra el Poder Ejecutivo ante el Tribunal Constitucional (TC) por la cuestión de confianza que presentó el expremier Aníbal Torres “en contravención de la Constitución y las leyes, menoscabando las competencias exclusivas y excluyentes del Congreso de la República”.

La moción que propone la suspensión del presidente Pedro Castillo hasta por 12 meses al amparo del artículo 114 de la Constitución se ha puesto en marcha con el inicio de la recolección de firmas. La propuesta la impulsa el congresista Esdras Medina, de Somos Perú.

La Comisión de Alto Nivel de la Organización de los Estados Americanos (OEA) conoció ayer de primera mano el estado de las investigaciones por corrupción y organización criminal que envuelven al presidente Pedro Castillo y su entorno más cercano, luego de reunirse con representantes de los tres poderes del Estado y los funcionarios del Ministerio Público

La ministra de Salud, Kelly Portalatino, designó como jefe de equipo de su despacho a Gianpiere Levis Guerra Valenzuela, militante de Perú Libre (PL) cercano a Vladimir Cerrón que empezó a trabajar en este sector durante la gestión de Hernán Condori, quien fue censurado por el Congreso el pasado 31 de marzo por su falta de idoneidad y capacidad para ejercer el cargo.

El diálogo se quebró entre la minera china de cobre MMG Las Bambas, que aporta el 78% del PBI de Apurímac, y las comunidades en conflicto que en abril protagonizaron una ola de violencia que obligó a la paralización de operaciones en el yacimiento durante 57 días, lo que generó pérdidas por US$541 millones en exportaciones.

El Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (Sutep) notificó esta tarde, en un oficio dirigido al ministro de Educación, Rosendo Serna, el inicio de la anunciada huelga de hambre a partir del jueves 17 de noviembre en protesta contra la desatención del Gobierno de Pedro Castillo en el sector educativo.

La bancada de Acción Popular (AP), conformada por 14 congresistas, decidió ayer apartar de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) a los congresistas Jorge Flores, Darwin Espinoza e Ilich López, implicados en el caso ‘Los Niños’.

Raúl Diez Canseco, excandidato presidencial de Acción Popular (AP), lamentó que el partido haya sido seriamente dañado con el accionar de ‘Los Niños’, quienes ahora lucen arrinconados y al borde de la expulsión definitiva de su partido, luego de que la Fiscalía ampliara la investigación preliminar en su contra por 36 meses y que el último lunes se allanen por orden judicial sus oficinas y viviendas por el presunto delito de organización criminal.