La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) rechazó la marcha atrás del Gobierno al suspender toda actividad minera en los distritos de Pataz, Parcoy y Tayabamba, como parte de su estrategia frente a la ola de inseguridad en esa zona de La Libertad.
PÉRDIDA. La medida decretada por la presidenta por 30 días —una de las cinco anunciadas ayer para enfrentar la ola de criminalidad en la zona liberteña— no solo alcanza a los mineros ilegales e informales, sino que también afecta a los formales, generando perjuicios al Estado y a las empresas.
Como ha informado Perú21, la medida es resultado de una secuencia de marchas y contramarchas por parte del Ejecutivo.
El pasado lunes, en respuesta a lo ocurrido el domingo anterior —cuando fueron hallados los cadáveres de 13 trabajadores asesinados a balazos de la empresa R&R, que brindaba seguridad a una minera en Pataz— la presidenta Dina Boluarte anunció cinco medidas contra la criminalidad. Una de ellas fue la suspensión de todas las actividades mineras en la zona.
Sin embargo, tras los reclamos de la SNMPE, gremios y expertos mineros —quienes advirtieron del grave perjuicio económico que implicaría para el país—, el ministro de Energía y Minas, Jorge Montero, aclaró que la medida no incluía a la minería formal, sino solo a la minería informal e ilegal.
Titular de Energía y Minas asegura que hay 200 empresas de la pequeña minería y minería artesanal formales que ya cumplieron con el proceso de formalización.
Pero un día después, dio marcha atrás y ratificó lo anunciado por la presidenta: la suspensión de toda actividad minera en Pataz.
Frente a ello, la SNMPE publicó un comunicado esta mañana en el que rechaza la decisión gubernamental.
La organización señaló que, si bien es necesario que el Gobierno adopte medidas para garantizar el Estado de Derecho y restablecer el principio de autoridad y el orden en la provincia de Pataz, cuestionó que “como parte de estas acciones se obligue a paralizar las actividades productivas de las empresas mineras formales que trabajan en esa zona del país”.
El comunicado añade: “Expresamos nuestra preocupación sobre la decisión de la administración gubernamental de ordenar la paralización de todas las actividades mineras en los distritos de Pataz, Parcoy y Tayabamba, incluyendo en dicha medida a las empresas mineras formales que sí cumplen con todo el marco legal vigente y que sufren los embates del avance descontrolado de la minería ilegal en el territorio nacional”.
Además, la SNMPE advierte que la decisión tendrá un grave impacto económico y social en La Libertad y en el país, y demuestra el escaso conocimiento del Gobierno sobre las complejidades de la actividad minera y los riesgos ambientales, operativos y sociales que supone una paralización abrupta.
El gremio subraya que “si el objetivo es facilitar el despliegue de las fuerzas del orden en Pataz, la suspensión de las actividades formales resulta innecesaria, debido a que existe una clara diferenciación entre una bocamina legal con una ilegal, pues las bocaminas ilegales están georreferenciadas, lo que puede permitir una actuación oportuna y precisa de la autoridad policial”.
Añade también que “las empresas mineras formales se han mostrado siempre prestas a trabajar en conjunto con el Gobierno para hacer frente a la minería ilegal. Es llamativo que la única alternativa posible incluya parar la operación formal”.
La SNMPE remarcó que las empresas formales no solo son víctimas del accionar de mineros ilegales, en muchos casos vinculados a mafias criminales que han tomado por asalto la provincia, sino también de la ineficacia del Estado peruano, que no ha sabido combatir el avance de esta actividad ilícita que pone en riesgo la seguridad nacional y de los ciudadanos.
Advirtió, además, que la paralización facilitará que mineros ilegales y organizaciones criminales tomen el control de las galerías que pertenecen a empresas formales.
En ese sentido, alertó que la suspensión de 30 días generará impactos negativos, pues “se podría dañar la infraestructura básica de la cadena productiva si no se permite la realización de las tareas de cuidado y mantenimiento, así como contar con personal a cargo de ese trabajo”.
El gremio explicó que “una unidad de producción minera no puede detenerse, operativamente hablando, de golpe. Esto implica un riesgo, por ejemplo, de colapso de la presa de relaves, que debe monitorearse las 24 horas. Esto sin contar riesgos de infraestructura, como posibles inundaciones o acumulación de gases, si no está el personal que monitorea y controla estos sistemas de bombeo”.
Otro efecto negativo, señalaron, es que se pone en riesgo más de 4 mil puestos de trabajo directos e indirectos, y que la paralización obligaría a las empresas a invocar la suspensión perfecta de labores, dejando a miles de trabajadores sin salario y afectando la cadena de pagos que alcanza a contratistas, pequeños negocios y comunidades vecinas.
La SNMPE recordó que La Libertad aporta el 33% de la producción nacional de oro y que la medida del Consejo de Ministros generará pérdidas para las mineras formales y las comunidades que brindan servicios en la zona, hoy ya afectadas por la minería ilegal.
Sobre los recursos fiscales, se calcula una reducción de S/ 25 millones mensuales en canon y regalías, además de una pérdida superior a los US$ 80 millones al mes en exportaciones.
La SNMPE también cuestionó la poca capacidad del Ministerio de Energía y Minas para llevar a cabo un proceso de formalización eficaz y lamentó su actitud pasiva frente a la invasión de concesiones y operaciones formales.
“El proceso de formalización minera se ha desnaturalizado, hasta convertirse en un incentivo perverso para la minería ilegal disfrazada de legalidad”, señaló.
Asimismo, responsabilizó al Congreso de la República por el desborde de la minería ilegal, al haber aprobado de forma reiterada las ampliaciones del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), herramienta que ha sido utilizada para encubrir actividades ilícitas.
Finalmente, la SNMPE advirtió que esta decisión del Ejecutivo envía una pésima señal a la inversión privada, al perturbar la estabilidad jurídica, afectar derechos constitucionales y no ofrecer garantías para el ingreso de nuevos capitales.
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