El fiscal José Domingo Pérez conversó con Perú21TV tras el inicio del juicio oral contra la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán.
¿Qué pruebas considera más contundentes para demostrar el esquema de sobornos de Odebrecht y OAS en la gestión de Susana Villarán?
El proceso se divide en dos grandes bloques: los delitos contra la administración pública vinculados a los proyectos Rutas de Lima y Línea Amarilla. Está claro que se festinaron trámites administrativos que terminaron favoreciendo tanto a Odebrecht como a OAS en la entrega de peajes y vías de la Panamericana y del Rímac. Hay testigos, peritos y auditores de la Contraloría que relatarán cómo se aceleró la suscripción de los contratos de concesión y la adenda uno, sin cumplir el requisito legal de contar con la aprobación del MEF. Además, el dinero ilícito que se recibió se destinó a la campaña de la ‘No Revocatoria’ y a la reelección municipal de 2014. Se usaron diversas empresas y asociaciones para ocultar el origen de esos fondos.
La exalcaldesa de Lima, Susana Villarán de la Puente, enfrentará a partir de ahora un juicio oral por haber recibido aportes millonarios de las empresas brasileñas Odebrecht y OAS para financiar sus campañas del ‘No’ a la revocatoria y la reelección municipal.
Villarán ha reconocido que hubo aportes de dinero, pero no por once millones. ¿Qué le parece?
Habrá que esperar la posición de su defensa en el alegato. Que reconozca la recepción de dinero, aunque discrepe de la cifra, sería positivo para el país, pues acortaría el juzgamiento y solo quedaría discutir la pena. Muchos acusados alegan que los aportes eran de campaña y que desconocían su ilicitud, pero en este caso no se aplica porque hubo dos contratos previos: el de Rutas de Lima y la adenda de Línea Amarilla.
La exalcaldesa dijo que solo ella y el señor Castro sabían de esos dineros. ¿Es cierto?
No del todo. El dinero no lo recibía solo el señor Castro Gutiérrez, hoy fallecido. Otros operadores hicieron contratos simulados con empresas subsidiarias de Odebrecht y OAS: contratos ficticios y facturas sobrevaloradas para dar apariencia de legalidad. El dinero recolectado se entregaba a Castro o a través de terceras personas jurídicas para pagar publicidad electoral y actividades de campaña.
¿Cómo afecta a este caso la muerte de José Miguel Castro?
Es un hecho fatídico e inesperado. Era una persona muy importante en la estructura que presenta el Ministerio Público, pero hay pruebas suficientes para demostrar la culpabilidad no solo de la exalcaldesa Villarán sino de los demás acusados. Testigos declararán cómo el propio Castro indicaba ir a las oficinas de las empresas brasileñas para recoger dinero o realizar transacciones simuladas.
¿Ya se conoce la causa de su fallecimiento?
Las causas están establecidas en la necropsia por el Instituto de Medicina Legal. Corresponde al fiscal de Miraflores determinar si el hecho tiene contenido penal y, de ser así, continuar la investigación.
¿Cuál es la situación procesal del señor Leao Piñeiro?
No es colaborador eficaz; es acusado en el caso que involucra a la exalcaldesa Susana Villarán y ha tenido durante todo el proceso la condición de imputado y ahora de acusado. Que él haya solicitado acogerse a un proceso especial de colaboración es un trámite distinto que depende de su voluntad.
Después de ocho años investigando el caso Lava Jato, ¿se siente satisfecho?
Sí, hemos logrado una efectividad del cien por ciento: todas las acusaciones que llegaron a juicio concluyeron con sentencia condenatoria. Dos de los cuatro expresidentes peruanos sentenciados en la historia republicana lo fueron en casos de Lava Jato: Ollanta Humala y Alejandro Toledo.
Odebrecht perdió el beneficio de colaboración. ¿Ya se le abrió investigación?
El proceso de colaboración con la empresa está en fase de evaluación para su continuidad, que es reservada. Mientras tanto, Odebrecht sigue cumpliendo con el pago de la reparación civil, la más alta cobrada por la Procuraduría en casos de corrupción.
Mientras, Odebrecht los ha demandado a usted y al doctor Vela.
Sí, ha interpuesto un hábeas corpus. Muchos investigados buscan llegar al Tribunal Constitucional para obtener beneficios, una estrategia similar a la que se vio en Brasil y Guatemala.
¿Cuánto tiempo tomará definir si se abre investigación a Odebrecht?
Dependerá del proceso de revocatoria. Por ejemplo, también se evalúa revocar beneficios a Jorge Barata, según su propio abogado.
Lo acusan de favorecer a Martín Vizcarra porque su esposa trabajó en su gobierno.
Eso también es falso. Llegué a Lima en 2011, cuando Vizcarra no era autoridad. Mi esposa ha trabajado en la administración pública y fue objeto de una campaña de desprestigio que incluso motivó medidas cautelares de la CIDH para protegernos.
¿Alguna vez exoneró a Vizcarra de alguna acusación cuando fue fiscal en Moquegua?
No. Vizcarra no tuvo la condición de funcionario público durante mi gestión en Moquegua.
Usted ha pedido prisión preventiva para expresidentes y una candidata presidencial. ¿Qué siente?
No es un sentimiento personal. Es un deber: la prisión preventiva requiere graves elementos de convicción y riesgo de fuga u obstrucción. Cuando los jueces la conceden, lo hacen tras una revisión en varias instancias.
¿Se le cae el caso Cócteles?
No. El caso llegó a juzgamiento de manera sólida. Aunque el Tribunal Constitucional anuló el proceso y retrocedió la acusación, la defensa de Keiko Fujimori ahora busca el archivo total. Para la fiscalía, recibir dinero de actividades delictivas para campañas políticas sí constituye lavado de activos, como ya zanjó la Corte Suprema en el caso Humala.
El Poder Judicial devolvió 19 veces la acusación. ¿El caso nació mal?
Es falso. Si hubiese nacido mal no habría llegado a juicio. La devolución de la acusación es un mecanismo legal solicitado por la defensa para garantizar derechos, no un error de la fiscalía.
¿Qué pasaría si el Tribunal Constitucional falla a favor de Keiko Fujimori?
Sería un precedente que debilitaría otros casos: el de Ollanta Humala, Renovación Popular, el Apra e incluso investigaciones a Vladimir Cerrón. Se abriría una puerta a la impunidad.
La fiscal Espinoza pidió declarar ilegal el partido de Keiko Fujimori. ¿Tiene relación con su acusación?
Ella solicitó información de mi despacho sobre el caso Cócteles. Días después fui suspendido. Parte de los insumos que usó provenían de nuestra investigación.
¿Se siente orgulloso del Ministerio Público actual, bajo el interinato de Tomás Gálvez?
Espero que supere la crisis. Me preocupa que investigados y políticos celebren su asunción. Le aconsejo que evalúe nuestros resultados: cien por ciento de efectividad, sentencias condenatorias y la mayor reparación civil.