Peligrosos expresidiarios podrían postular y llegar al Congreso

“En estos casos solo están impedidos de postular mientras la condena esté vigente. Pero si la persona se rehabilita –porque cumple con la pena y el pago de la reparación civil–, entonces puede postular sin ninguna restricción”, explicó a Perú21 el parlamentario Gino Costa (PM). Por ello, tanto él como su correligionario Alberto de Belaunde proponen que la restricción sea permanente para todos aquellos que hayan sido condenados por delitos dolosos, incluso, después de haber purgado su pena.

La Ley N°30717, promulgada en enero de 2018, impide que las personas con penas firmes y ejecutadas por terrorismo, apología al terrorismo, narcotráfico, violación sexual, colusión, peculado o corrupción puedan ser candidatos a la Presidencia, Congreso, gobiernos regionales y municipios, aún después de cumplir su pena.

Pero quienes purgaron condena por otros ilícitos tan graves como los mencionados anteriormente se han quedado fuera de los alcances de la norma.

De Belaunde detalló a este diario que el lavado de activos estuvo incluido en el proyecto de ley, pero Fuerza Popular –que era mayoría en ese momento– lo descartó. Keiko Fujimori es investigada ahora por dicho ilícito penal.

“Es muy difícil hacer un listado de delitos que abarquen todas las conductas de gravedad que justifiquen que alguien no pueda postular. Por ello, es mejor generar un supuesto más extenso”, precisó Costa.

De Belaunde coincide con la necesidad de que se amplíen estas prohibiciones y aspira a que el cambio se aplique para las elecciones de 2021. “Podríamos apuntar a un esquema en el que cualquier persona sentenciada por delitos dolosos pierde la posibilidad de postular a un cargo público”, propuso.

¿Una prohibición de este tipo colisiona con el principio de resocialización? Para la exministra de Justicia, Marisol Pérez Tello, la respuesta es no, pues se debe ponderar el bien jurídico que se está protegiendo con lo cual, ser profesor, ser juez, ser autoridad política es mucho más importante, en términos de democracia, que el derecho al trabajo o el derecho a ser elegido.

“El Estado, en la práctica, ha fracasado con sus políticas de resocialización. Hasta que ello no mejore, una persona condenada por delitos dolosos no debería ejercer una función pública así haya cumplido su pena”, consideró Pérez Tello.

La abogada opina que nuestro sistema no está preparado para tener a personas que han asesinado o han robado administrando la cosa pública.

“Es como si pusieras a un pedófilo como profesor de colegio. No vas a volver a poner al gato de despensero, pues. Es más, ya hay leyes que imponen restricciones permanentes para acceder a la carrera magisterial a causa de sentencias por determinados delitos”, indicó.

Para que este tipo de medidas realmente se pongan en práctica y mejore nuestro sistema político, apunta Pérez Tello, es fundamental que se implemente un registro único de condenas al que puedan acceder las entidades competentes.

Ayer, desde el Cusco, el presidente de la República, Martín Vizcarra, hizo un llamado al Parlamento para aprobar la nueva ley sobre los impedimentos para postular. “Esperemos que estas elecciones nos permitan elegir a las mejores autoridades; por eso confío en que el Congreso ratificará la ley votada la semana pasada para que podamos elegir entre candidatos idóneos y que se mantenga la calidad entre nuestras autoridades”, dijo.

- El secretario general de Transparencia, Iván Lanegra, comentó que las sentencias de los jueces pueden incluir inhabilitaciones para ocupar algún cargo público.

- Para Lanegra, es necesario un debate serio para determinar qué delitos “vulneran de manera severa los principios fundamentales de la sociedad” y evitar, así, que las personas que los cometen sean autoridades.