La Municipalidad de Santiago de Surco denunciará ante la Comisión de Ética Parlamentaria a la congresista de Alianza para el Progreso (APP), María Acuña Peralta, debido a la agresión que sufrieron trabajadores municipales de parte de su esposo Elmer Díaz Bravo.
Los hechos se registraron la tarde del viernes cuando los servidores ediles se encontraban cumpliendo labores en el parque 17 de Los Álamos de Monterrico, parte del cual está ocupado por la vivienda de la legisladora, quien se niega hasta el momento a restituir el terreno a la comuna.
Walter Martínez afirmó que las medidas adoptadas en los penales peruanos responden a la necesidad de ordenar y controlar a internos de alta peligrosidad, y no a una copia del sistema penitenciario salvadoreño.
De acuerdo a información proporcionada por la Municipalidad de Surco, personas allegadas a la congresista, entre las cuales figura su esposo, empujaron, amenazaron y lanzaron desde el segundo piso del inmueble varios ladrillos y fierros.
"Ante esta grave situación, la Municipalidad de Surco presentará una denuncia ante la Comisión de Ética del Congreso de la República contra la congresista María Acuña por la conducta impropia de su entorno, que denigra la investidura parlamentaria y socava el principio de respeto a la autoridad local", indicó el municipio.
En esa línea, señaló que la denuncia en cuestión será formalizada por la Procuraduría Pública Municipal por los delitos de violencia y resistencia a la autoridad y tentativa de homicidio.
Y es que María Acuña Peralta, hermana del dueño de APP, César Acuña, se niega a devolver a la municipalidad el íntegro del terreno que ocupa ilegalmente. En su oportunidad, la comuna estableció que se trataba en total de 118 metros cuadrados de los cuales la legisladora, posteriormente, solo ha devuelto una parte faltando aun 66 metros cuadrados.
Cabe recordar que tras conocerse estos hechos, informaciones periodísticas dieron cuenta de que Acuña también invadió un espacio público en el distrito de Pimentel, Chiclayo, de unos 150 metros cuadrados, en 2022. Sin embargo, al ser notificada de que el caso volvería a difundirse a través de los medios de comunicación dispuso su derribamiento.
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