Ha pasado más de un mes, exactamente 34 días, desde que el Pleno del Congreso de la República aprobó delegarle facultades al Poder Ejecutivo para que legisle por 60 días en seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad organizada, crecimiento económico responsable y fortalecimiento institucional. Y 24 días desde que la norma se promulgó y fue publicada en el boletín del diario oficial El Peruano.
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Hasta la fecha, sin embargo, no hay más que promesas de las autoridades del Gobierno central, mientras la criminalidad sigue creciendo y los ataques a balazos contra unidades de transporte público, las extorsiones y el sicariato vuelven a cobrar fuerza en estos primeros días del 2026.
El presidente José Jerí reiteró hoy que el nuevo plan nacional de seguridad ciudadana será presentado en los próximos días, y añadió que “uno, dos días antes o el mismo día” dará a conocer las cifras de los resultados obtenidos hasta el momento en la lucha contra la inseguridad. Lo que sí adelantó es que “hay resultados importantes” y aseguró que “las cifras han empezado a descender”. ¿Cuánto? No lo dijo.
Una postura similar tuvo días atrás el presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, quien aseguró que el nuevo plan viene siendo revisado y estaría culminado esta semana.
Añadió que será un instrumento "serio y coherente" con indicadores que permitan seguir su cumplimiento de acuerdo a una programación preestablecida. “Lo ideal es que este plan sea continuado, perfeccionado, y por supuesto, adecuado a las necesidades y recursos del nuevo gobierno", sostuvo esta semana.
Lo cierto es que hasta la fecha no hay plan. Y tampoco cifras concretas respecto de cuánto ha incidido en el control de la inseguridad ciudadana el estado de emergencia declarado en octubre pasado en Lima y Callao. El primer balance ofrecido por el mandatario a una semana de aplicada la medida nunca se dio.
Mientras, el analista de datos Juan Carbajal informó que hasta el día de hoy —que se cumplen 90 días del gobierno de José Jerí—, según datos del Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef), se han registrado más de 500 homicidios y de ellos entre el 70% y 80% han sido ocasionados por proyectil de arma de fuego.
"El promedio diario de registros de homicidios durante el Gobierno de José Jerí sigue siendo el mayor que cualquier Gobierno anterior desde el año 2017", ha precisado.
Cabe precisar en este punto que las cifras del Sinadef no hacen una distinción entre los casos que podrían haber sido ocasionados por sicariato o extorsión.
¿Sobre qué materias puede legislar el Ejecutivo?
De acuerdo a la Ley 32527 sobre delegación de facultades legislativas al Ejecutivo, son 24 las materias en seguridad y lucha contra la criminalidad organizada sobre las cuales puede normar el gobierno de José Jerí.
Entre ellas figura la modificación del Código Penal a fin de tipificar la tenencia ilegal compartida de armas de fuego, en caso de tentativa para la comisión de un delito, flagrancia, cuasi flagrancia y flagrancia presunta, así como para incrementar las penas aplicables al delito de resistencia o desobediencia a la autoridad.
Igualmente, se prevé autorizar la revisión de equipos informáticos en flagrancia delictiva por los delitos de extorsión, sicariato y secuestro, así como los detectados al interior de los establecimientos penitenciarios, y regular el procedimiento inmediato de deslacrado, extracción y análisis de muestras de equipos terminales móviles incautados en intervenciones en flagrancia por los mencionados delitos.
También se contempla incorporar el delito de suministro ilegal de servicios de telecomunicaciones en establecimientos penitenciarios y centros juveniles, establecer un sistema de clasificación automática para los internos condenados por delitos de alta lesividad social, restringir la aplicación de los beneficios penitenciarios para los condenados por delitos de especial gravedad y establecer el control judicial sobre la concesión del beneficio de redención de pena por educación y trabajo respecto a su aplicación para el egreso por cumplimiento de la pena, entre otros.
Valdés: "El Gobierno no sabe cómo solucionar el problema"
Sobre el tema, el exministro del Interior Óscar Valdés comentó que la demora evidenciaría que el gobierno “no sabe cómo solucionar el problema”.
"Pedir facultades no quiere decir que al ser otorgadas ya uno tiene la solución al problema, para eso tiene que rodearse de gente que conozca el tema y, sobre todo, hacer un cambio en la Policía Nacional que está muy desgastada, tiene muchos frentes que combatir en cuanto a la corrupción y no está en capacidad de proponer soluciones efectivas porque la misma policía está corroída por ese flagelo”, declaró a Perú21.
En esa línea, planteó la creación de nuevas organizaciones, diferentes a la Policía Nacional, que se encarguen de la lucha frontal contra el sicariato, las extorsiones, y contra el crimen organizado, que puedan atacar el narcotráfico y también la minería ilegal “que está creciendo exponencialmente”.
Manifestó que hay medidas que pueden adoptarse de manera inmediata y efectiva. “Tenemos que volver a lo más simple, y lo más simple es con lo que se encuentra disponible", acotó.
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