El fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, se pronunció este martes sobre la situación judicial que afronta el candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, investigado por presuntas irregularidades vinculadas a aportes partidarios y enfrenta un pedido fiscal de cinco años y cuatro meses de prisión.
Gálvez indicó que Sánchez puede continuar desarrollando sus actividades políticas y su campaña electoral con normalidad mientras el proceso judicial permanezca en trámite, debido a que aún se encuentra amparado por el principio de presunción de inocencia.
Resaltó que debería primar la unión para tener un gobierno que deje de polarizar nuevamente al país y la política nacional.
No obstante, el titular del Ministerio Público advirtió que un eventual fallo condenatorio que incluya una inhabilitación podría afectar seriamente la participación política del candidato de izquierda en la actual contienda electoral.
“Si lo condenan a inhabilitación podría tener problemas para participar en la segunda vuelta o, en todo caso, para juramentar”, señaló Gálvez al referirse a las posibles consecuencias legales que enfrentaría Sánchez en caso el Poder Judicial emita una sentencia condenatoria antes de culminar el proceso electoral.
La Fiscalía acusa a Roberto Sánchez de los presuntos delitos de falsa declaración en procedimiento administrativo y falseamiento de información sobre aportaciones vinculadas a informes financieros de su partido correspondientes a los años 2020 y 2021.
Según la tesis fiscal, las presuntas irregularidades habrían ocurrido durante la presentación de reportes financieros relacionados con los aportes económicos recibidos por la agrupación política. La defensa del candidato, sin embargo, sostiene que las responsabilidades penales no alcanzan directamente a Sánchez.
Gálvez evitó adelantar opinión sobre el desenlace del proceso y remarcó que aún no se conocen todos los detalles del caso. En ese sentido, reiteró que una eventual absolución permitiría al candidato continuar su actividad política sin restricciones.
Las declaraciones del fiscal de la Nación se producen en medio de un escenario político marcado por la campaña electoral de 2026 y el creciente debate sobre la situación judicial de diversos candidatos. El caso de Roberto Sánchez se suma así a la discusión pública sobre los límites legales y políticos de las postulaciones en curso.
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