El ministro del Interior Hugo Begazo se estrenó hoy respaldando, cual escudero, al presidente encargado José María Balcázar e intentó normalizar las investigaciones penales y administrativas de la que son objeto alguno de sus colegas de gabinete.
“Todos tenemos denuncias”, afirmó, e indicó que es frecuente enfrentar procesos o acusaciones que deben seguir su curso legal.
En el gabinete ministerial, que pedirá la confianza este 18 de marzo al Congreso, las investigaciones son parte de la mochila pesada con la que cargan algunos de los flamantes ministros.
INVESTIGADOS PÚBLICOS
Diversos ministros del gabinete de la premier Denisse Miralles han revelado con su propio puño y letra en su Declaración Jurada de Interes diferentes investigaciones fiscales y procesos judiciales, algunos de los cuales permanecen en trámite, mientras que otros han sido archivados o se encuentran en etapa de aclaración.
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En el sector Interior, el ministro Hugo Begazo de Bedoya ha registrado un proceso abierto. Según su declaración, el proceso que enfrenta está en trámite ante el Juzgado Unipersonal de Lima Este por el presunto delito de falsificación de documento público, relacionado con la firma de una declaración jurada para el saneamiento de un terreno en la comisaría de Santa Anita cuando el titular del Interior cumplía con actos derivados de su función como exjefe de la Región Policial.
Por su parte, el titular de Economía y Finanzas, Gerardo López González, dejó constancia en su declaración jurada de la existencia de investigaciones fiscales en su contra en calidad de imputado. López señaló que, al no contar con el detalle exacto de dichos expedientes al momento de la firma, se comprometía a consignar la información completa mediante un anexo posterior.
CASOS ARCHIVADOS
La ministra del Ambiente, Nelly Paredes del Castillo, presenta el historial más extenso de notificaciones fiscales, aunque casti todas figuran como archivadas o sobreseídas. Entre los tipos penales archivados mencionados en su registro se encuentran omisión de funciones, nombramiento ilegal en el cargo y tráfico ilegal de flora y fauna silvestre. La única invesigación que sigue en trámite es la que se registra por el presunto delito de genocidio, la cual está vinculada al periodo en que se desempeñó como funcionaria durante la gestión de Dina Boluarte, quien enfrenta denuncias similares.
En el sector Cultura, la ministra Fátima Altabás Kajatt reportó una denuncia por violación de domicilio que data del año 2018. Al respecto, la funcionaria aclaró que se trató de una "denuncia maliciosa" interpuesta por ocupantes de un inmueble de su propiedad tras un pedido de desalojo. El caso fue resuelto por la Fiscalía con un dictamen de "no ha lugar" para formalizar la denuncia penal.
El ministro de Defensa, Luis Enrique Arroyo Sánchez, reportó de forma manuscrita que sus procesos se encuentran concluidos o en etapa de mejora, solicitando oportunidad para explicar mayores detalles en el futuro.
El nuevo ministro de Justicia, Luis Enrique Jiménez Borra, mantiene tres investigaciones fiscales vigentes. En el ámbito penal, el ministro Jiménez Borra consignó que se encuentra en trámite una investigación por los presuntos delitos de colusión agravada. El titular de Justicia registra otras dos investigaciones fiscales activas por el cargo de negociación incompatible, las cuales se mantienen en etapa de trámite ante el Ministerio Público. Por el contrario, un proceso previo por colusión y negociación incompatible, así como una denuncia por abuso de autoridad, fueron concluidos con el archivo o sobreseimiento.
Respecto a su desempeño en la función pública, el ministro reportó tres expedientes administrativos relacionados con presuntas infracciones al Código de Ética de la Función Pública y a la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. Entre las materias evaluadas figuraba una presunta vulneración a los principios de probidad y deberes éticos, además de una posible negligencia en el desempeño de sus funciones según lo estipulado en la Ley del Servicio Civil.
En todos los casos de índole administrativa, el reporte indica que no se llegó a identificar ninguna infracción concreta por lo que no se abrió un procedimiento administrativo disciplinario y se dispuso el archivo de todos los expedientes presentados.
Muchos de los miembros de diferentes carteras que fueron ratificados también cuentan con procesos que ya se dieron cuenta cuando formaban parte del gabinete Álvarez durante la gestión del destituido expresidente José Jerí.
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