El Poder Ejecutivo oficializó este viernes 31 de octubre una serie de cambios en la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), entidad responsable de planificar, regular y supervisar el Sistema Integrado de Transporte en la capital.
A través de dos resoluciones supremas publicadas en el diario oficial El Peruano, se aceptó la renuncia del hasta entonces presidente del Consejo Directivo, Jaime Francisco Romero Bonilla, y se nombró en su reemplazo a David Augusto Hernández Salazar, quien retorna a un cargo que ya había ocupado meses atrás.
Desde el 10 de octubre rige un precario alto el fuego entre Israel y el movimiento islamista palestino Hamás, gracias a un acuerdo de tregua impulsado por Estados Unidos.
La medida fue formalizada mediante la Resolución Suprema Nº 017-2025-MTC, donde se consigna la renuncia presentada por Romero Bonilla, designado en enero de este año como presidente del Consejo Directivo de la ATU. El documento agradece los servicios prestados y establece que la decisión es refrendada por el ministro de Transportes y Comunicaciones, Aldo Prieto.
Minutos después, mediante la Resolución Suprema Nº 018-2025-MTC, el Ejecutivo dispuso el nombramiento de Hernández Salazar como nuevo miembro y presidente del Consejo Directivo de la ATU.
Su designación se realizó tras una propuesta elevada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y en cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley Nº 30900, norma que creó la entidad, así como su reglamento de organización.
La llegada de Hernández no representa una novedad administrativa, sino más bien un retorno. El funcionario había ocupado la Presidencia Ejecutiva de la ATU hasta inicios de año, cuando fue reemplazado por Romero Bonilla.
Su regreso implica la continuidad de la línea de gestión que había quedado interrumpida y que incluye la reorganización de rutas, la reforma del transporte público tradicional, y la coordinación con los operadores de sistemas como el Metropolitano y los corredores complementarios.
Las resoluciones llevan las firmas del presidente de la República, José Enrique Jerí Oré, y del ministro Aldo Martín Prieto Barrera, lo que confirma la decisión como parte de la agenda actual del Ejecutivo respecto al transporte urbano en la capital.
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