La Asociación Peruana de Empresarios de la Panadería y Pastelería (ASPAN) manifestó su oposición al proyecto de ley que establece el sábado como día no laborable compensable para trabajadores públicos y privados que pertenezcan a una confesión religiosa que considere ese día como jornada de descanso.
El pronunciamiento del gremio se dio luego de que la Comisión Permanente del Congreso aprobara en segunda votación el dictamen del Proyecto de Ley N.° 4610, con 16 votos a favor, un voto en contra y seis abstenciones.
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A través de un comunicado, ASPAN señaló que la aplicación de la medida podría generar dificultades para el funcionamiento de las panaderías y pastelerías, especialmente en las micro y pequeñas empresas que dependen de la producción constante durante los fines de semana.
La asociación indicó que los sábados representan una fecha importante para la recuperación de ingresos del sector y que la ausencia de trabajadores durante ese día podría afectar la capacidad de atención y elaboración de productos.
El gremio empresarial sostuvo que el proyecto no habría considerado de manera suficiente el impacto económico y operativo que tendría la norma en los negocios del rubro.
Según ASPAN, actualmente existen acuerdos entre empleadores y trabajadores para atender situaciones relacionadas con prácticas religiosas, sin que se hayan presentado denuncias por discriminación de culto dentro del sector.
Asimismo, estimó que cerca de 3.000 trabajadores panaderos pertenecen a confesiones religiosas que consideran el sábado como día de descanso.
Otro de los puntos señalados por ASPAN fue la falta de trabajadores especializados en el sector panadero. La asociación afirmó que existe una escasez de mano de obra técnica que alcanza aproximadamente al 70 % de las panaderías y pastelerías.
En ese sentido, advirtió que una eventual ausencia de trabajadores durante todos los sábados del año podría profundizar esta problemática y afectar la producción nacional.
Ante sus observaciones, ASPAN pidió al presidente José María Balcázar que no firme la ley y planteó que se realice una evaluación más detallada sobre sus efectos en las empresas del sector.
Además, el gremio incluyó en su pronunciamiento un pedido para que el próximo gobierno revise la situación legal del expresidente Pedro Castillo.
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