En una entrevista exclusiva con Perú21, la periodista Analí Andrade, reconocida en Andahuaylas por su trabajo de investigación y su programa radial Fuerza Informativa, denunció haber sido víctima de una campaña de amenazas y hostigamiento tras la publicación de un reportaje sobre presuntas irregularidades en la gestión del alcalde provincial, Abel Serna Herrera.
El propio alcalde capitalino, Renzo Reggiardo, confesó la extorsión este jueves 23.
Según relató la comunicadora, las agresiones comenzaron meses atrás, cuando miembros de la familia del alcalde irrumpieron violentamente en su estudio de radio.
“Todo empezó cuando informé sobre una denuncia de violencia presentada por una de las hermanas del alcalde. Días después, la madre y las hermanas del burgomaestre ingresaron a mi programa para increparme y atacarme verbalmente”, narró Andrade, quien lleva siete años ejerciendo el periodismo en la región Apurímac.
La periodista señaló que, desde entonces, las amenazas se han intensificado, tanto en redes sociales como a través de mensajes directos, en los que le advierten que “deje de hablar” sobre la autoridad municipal. Pese al riesgo, Andrade aseguró que no tiene intención de detener su labor periodística.
“Si algo me pasa, responsabilizo directamente al alcalde Abel Serna y a su familia. No tengo enemigos fuera de este ámbito. Todo lo que estoy viviendo es consecuencia de mi trabajo de investigación”, expresó con visible preocupación.
Asimismo, reveló que ya ha solicitado garantías personales para ella y sus familiares, pues teme que las agresiones escalen a niveles más graves. “No quiero convertirme en una cifra más. Solo estoy haciendo mi trabajo”, declaró.
Este no es el primer episodio de persecución que enfrenta la comunicadora. Andrade recordó que, meses atrás, fue denunciada junto a otros seis periodistas por supuestamente pertenecer a una organización criminal y lavar dinero, acusaciones que calificó de falsas y que, según ella, formarían parte de un intento sistemático por silenciar voces críticas en la región.
“Hay una estrategia para desprestigiarnos y callarnos. Todo apunta a que detrás de esto hay intereses políticos y económicos que buscan impedir que sigamos investigando la gestión municipal”, sostuvo.
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