El Poder Judicial del Perú ratificó este martes 14 de abril la orden de 36 meses de prisión preventiva contra Erick Luis Moreno Hernández, señalado como el presunto cabecilla de la organización criminal Los Injertos del Cono Norte.
La decisión reafirma la gravedad de las acusaciones en su contra y consolida su permanencia en reclusión mientras continúan las investigaciones.
La decisión fue adoptada por unanimidad en un pleno extraordinario, tras múltiples denuncias ciudadanas vinculadas a fallas logísticas que impidieron la instalación oportuna de mesas de sufragio en distintos puntos del país.
La medida había sido dictada inicialmente el pasado 9 de febrero, tras extensas jornadas de audiencias. Desde entonces, la defensa legal del imputado intentó revertir su situación jurídica mediante un recurso de apelación; sin embargo, este fue finalmente desestimado por la Sala Penal de Apelaciones de Puente Piedra.
Moreno Hernández fue extraditado desde Paraguay el pasado 28 de enero y, días después, comenzó a enfrentar a la justicia peruana por su presunta participación en delitos de homicidio, sicariato y extorsión. Según las investigaciones, estas actividades ilícitas habrían afectado a comerciantes y transportistas en diversos distritos de Lima norte, generando temor y zozobra en la población.
El juez Roberth Rimachi Pilco, del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Puente Piedra - Ventanilla, fue quien ordenó inicialmente la prisión preventiva, luego de evaluar los argumentos presentados tanto por el Ministerio Público como por la defensa del investigado.
Como parte de la disposición judicial, el acusado permanecerá recluido en la Base Naval del Callao, un establecimiento de máxima seguridad destinado a internos considerados de alta peligrosidad, mientras se desarrollan las diligencias del caso.
La Sala de Apelaciones fundamentó su decisión en el alto riesgo de fuga del imputado, así como en la ausencia de arraigo laboral y profesional. A ello se suma la severidad de los delitos que se le imputan, factores que, según el colegiado, justifican mantener la medida restrictiva de libertad.
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