La caída de ‘El Monstruo’ no habría significado el quiebre inmediato de su organización criminal.
Por el contrario, las pesquisas fiscales revelan que su entorno más cercano activó una estrategia insólita para reunir dinero luego de su captura en Paraguay: la venta de polladas como mecanismo de recaudación.
El empresario de 55 años habría perdido el control de su vehículo e impactó de forma violenta contra un muro de contención.
De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, integrantes de la red liderada por Erick Moreno Hernández habrían organizado esta actividad apenas días después de su detención, ocurrida el 24 de setiembre.
El objetivo, según la tesis fiscal revelada por América Noticias, era contar con fondos disponibles ante un eventual intento de rescate o para sostener la estructura económica del grupo.
Entre las evidencias figura una tarjeta de colaboración fechada el 27 de setiembre, cuyo valor era de S/ 100. El documento incluye la frase “caída y mesa limpia”, expresión que es analizada por los investigadores como parte del código interno utilizado por la organización criminal.
Para la Fiscalía, esta maniobra revela la intención de mantener activa la red delictiva incluso tras la captura de su principal cabecilla, así como preservar la lealtad y coordinación entre sus integrantes.
Erick Moreno Hernández, alias ‘El Monstruo’, fue detenido el 24 de septiembre de 2025 en San Lorenzo, Paraguay, durante un operativo conjunto entre la policía paraguaya y la Dirincri de Perú, tras meses de seguimiento de inteligencia policial.
Un operador clave y amenazas al fiscal
En el desarrollo del caso, las autoridades identificaron a alias ‘Pollero’, Luis Antonio Gamarra Niño, detenido el 22 de noviembre durante un operativo de la Diviac contra la organización Los Injertos del Cono Norte.
Según las investigaciones, Gamarra Niño habría sido uno de los hombres de confianza de ‘El Monstruo’ y cumplía funciones estratégicas dentro de la red.
La Fiscalía sostiene que este sujeto incluso habría presionado para convertirse en socio de una empresa de transporte público que era víctima de extorsiones, con el fin de asegurar el flujo de dinero ilegal hacia la organización.
El fiscal del caso, César Changa, denunció además haber recibido amenazas contra su vida y la de su familia el pasado 28 de octubre. Ante esta situación, solicitó resguardo policial a la Fiscalía de la Nación, pedido que fue reiterado el 25 de noviembre al comandante general Óscar Arriola, sin que hasta ahora se haya dispuesto una protección efectiva.
Las autoridades consideran que estas acciones confirman que la organización buscaba sostener su poder económico y su control sobre las extorsiones, incluso con su líder detenido y fuera del país.
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