Nada parece cambiar. Al igual que en el gobierno de Dina Boluarte, la violencia perpetrada por el crimen organizado no cesa en la administración de José Jerí. Del 10 de octubre al 14 de noviembre, el país reporta 187 homicidios a nivel nacional, según los datos oficiales del Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef).
Así, el promedio diario de crímenes en los últimas cinco semanas es de 5.19, casi similar al 5.25 registrado durante la gestión de Boluarte.
Asimismo, en la administración de Jerí, el 70% de los homicidios han sido ocasionados por proyectil de arma de fuego (PAF). En Lima se alcanza un porcentaje de 90%.
De acuerdo al analista de datos Juan Carbajal, existen otras 25 muertes violentas en el mismo periodo de tiempo, las cuales, según su certificado de necropsia, fueron ocasionadas por arma de fuego, pero aparecen como "ignoradas": 12 en Lima y 3 del Callao.
Cifras del Sinadef evidencian magnitud del crecimiento del crimen organizado. (Foto: Juan Carbajal).
BALANCE DEL ESTADO DE EMERGENCIA
Con relación al estado de emergencia en Lima Callao, decretado el pasado 22 de octubre, el país reporta hasta el 14 de noviembre un total de 45 homicidios: 37 en Lima y 8 en el Callao. Igualmente, existen 9 muertes violentas ocasionadas por arma de fuego, pero aparecen como "ignoradas", 7 Lima y 2 en el Callao.
Asimismo, en lo que va del presente año —del 1 de enero al 14 de noviembre— el país reporta 1,954 homicidios.
Cifras de homicidios a nivel nacional. (Foto: Juan Carbajal).
DELITOS DESDE LAS CÁRCELES
Por su parte, el general PNP (r) Eduardo Pérez Rocha señaló que los exministros de Justicia y los exjefes del INPE no hicieron seguimiento a la información recogida por los bloqueadores de celulares instalados en los penales. “Y como vemos, todo ha sido soborno”, comentó el exdirector de la PNP.
INPE habilitó nuevos pabellones para más de 400 internos de extrema peligrosidad. (Foto: Andina).
Ello, luego de que el presidente José Jerí hiciera una grave denuncia al revelar que, durante los últimos 10 años, se habrían planificado atentados, extorsiones y asesinatos desde los penales del país, mientras el Estado —pese a contar con información clave— no habría tomado acciones para detenerlos.
"Con los famosos teléfonos azules, el convenio indicaba que todas las llamadas autorizadas del penal al exterior debían ser grabadas; sin embargo, eso no se ha llevado a cabo y hasta los han utilizado para algunos actos de extorsión", afirmó Pérez Rocha.
En el caso de los bloqueadores de celulares en los penales y la información recabada por estos dispositivos, el exdirector de la Policía manifestó: "Eso le corresponde al Ejecutivo, pues, y sobre todo a los ministros que estuvieron a cargo de Justicia, del cual depende el instituto Nacional Penitenciario (INPE)".
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