A la crisis provocada por el choque de trenes registrado en la ruta hacia Machu Picchu se suma ahora un nuevo golpe a la gestión del transporte turístico.
La municipalidad provincial de Urubamba declaró la nulidad del contrato suscrito con la empresa Inversiones Sumaq Ayllu San Antonio de Torontoy S.A., tras comprobar que obtuvo la buena pro declarando una flota vehicular que no tenía legalmente disponible, un requisito clave para operar el servicio.
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La decisión fue oficializada mediante la Resolución de Gerencia Municipal N.° 218-2025-GM-MPU/C, emitida el 30 de diciembre de 2025, y se sustenta en informes técnicos y legales que concluyen que la flota presentada por Torontoy no existía jurídicamente como tal al momento de la adjudicación.
En términos simples, los buses ofrecidos para cumplir con la capacidad operativa exigida no estaban bajo su control legal, lo que convierte el contrato en inválido desde su origen.
Tal es así que se ha visto varios buses de San Antonio de Torontoy varados en el terminal de Consettur.
Como se recuerda, San Antonio de Torontoy declaró 18 unidades vehiculares en su oferta para ganar la buena pro, pero en la práctica, la municipalidad determinó que no tenía disponibilidad legal sobre todas esas unidades.
Si bien la resolución no fija un número exacto de buses propios o válidamente acreditados, solo deja claro que no contaba con la flota mínima exigida y que parte de los vehículos no podían ser usados legalmente porque otras empresas negaron haberlos cedido.
Según Consettur, Torontoy solo llegó a ingresar 8 buses a la ruta, los cuales además no cumplían con los estándares mínimos del servicio.
CONTRATO CON INFORMACIÓN INEXACTA
El contrato anulado fue firmado el 18 de septiembre de 2025 como parte de un proceso no competitivo impulsado por la municipalidad bajo un denominado plan de contingencia para cubrir el servicio de transporte entre Machupicchu Pueblo, Puente Ruinas y la Llaqta.
No obstante, durante la revisión del expediente administrativo se determinó que Torontoy declaró contar con 18 unidades vehiculares que, en los hechos, no estaban debidamente acreditadas. Dos empresas, Sumaq Tika S.A. y Qori Rumis S.A., negaron notarialmente haber autorizado el uso de varios de esos vehículos, dejando en evidencia que la información presentada no se ajustaba a la realidad legal.
INFORMES DE NULIDAD
Los informes de la Unidad de Logística y de la Oficina de Asesoría Jurídica fueron concluyentes al señalar que la disponibilidad de la flota no era un aspecto accesorio, sino un requisito esencial de calificación.
Al haberse probado que la información inexacta fue determinante para la adjudicación de la buena pro, la municipalidad aplicó lo dispuesto en la Ley General de Contrataciones Públicas, que faculta a las entidades a declarar la nulidad de un contrato incluso después de su firma cuando se acredita la presentación de información falsa o incorrecta.
La resolución municipal dispone además el inicio del deslinde de responsabilidades administrativas, civiles y penales que pudieran corresponder, al considerar que no se trató de un simple error administrativo, sino de una vulneración directa a los principios de legalidad, transparencia y presunción de veracidad que rigen las contrataciones del Estado.
Asimismo, se ordenó adoptar las acciones necesarias para garantizar la continuidad del servicio de transporte mientras se define una solución conforme a ley.
CONSETTUR GARANTIZA SERVICIO
Tras conocerse la nulidad, Consettur Machupicchu S.A. emitió un pronunciamiento en el que sostuvo que las deficiencias de Torontoy fueron advertidas desde el inicio y que, pese a ello, la municipalidad procedió a firmar el contrato.
La empresa recordó que la Presidencia del Consejo de Ministros intervino ante la inviabilidad del servicio, debido a la falta de infraestructura y de un instrumento de gestión ambiental, y afirmó que cumplió con mantener el servicio de manera ininterrumpida para evitar conflictos sociales y proteger la imagen de Machu Picchu.
TORONTOY RESPONDE
En respuesta, San Antonio de Torontoy rechazó la decisión municipal y aseguró que la nulidad responde a denuncias promovidas por intereses ajenos al servicio público.
La empresa afirmó que aún existen vías legales para ejercer su defensa, acusó a Consettur de incumplir los acuerdos alcanzados en la PCM y reiteró su intención de seguir disputando el derecho a operar el transporte hacia la ciudadela inca.
El alcalde de Urubamba, Ronald Vera indicó que la nueva empresa de buses para la ruta hacia Machu Picchu podría conocerse a fines de enero de este año.