Un nuevo golpe contra las redes de minería ilegal se concretó esta semana luego de que el Poder Judicial declarara fundada la demanda fiscal de extinción de dominio sobre una barra de oro de 10 kilogramos, valorizada en S/2 220 519.83, tras confirmarse que su origen estaba vinculado a actividades ilícitas encubiertas bajo una presunta empresa minera.
Con 20 votos a favor, la Comisión de Constitución aprobó delegar facultades legislativas al Gobierno en 48 submaterias, principalmente vinculadas a la lucha contra el crimen organizado y la inseguridad ciudadana.
El Ministerio Público informó que el lingote constituye un incremento patrimonial injustificado, pues fue obtenido a través de una empresa que operaba sin capacidades técnicas ni económicas reales, pero que utilizaba el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) para simular procesos de extracción y exportación de oro.
Según la investigación fiscal, esta inscripción en el Reinfo se obtuvo de manera irregular y permitió que la organización creara un escenario ficticio de producción aurífera para justificar el oro ilegal como si fuera producto de una actividad formal.
El fiscal adjunto provincial Jorge Elías Castillo Jiménez sustentó que la representante legal de la empresa, Filomena Achaquihui, presentó declaraciones “falsas y contradictorias” sobre la compra, uso y almacenamiento de insumos químicos y explosivos que supuestamente se utilizaron en la actividad minera.
La Fiscalía también señaló que las compañías involucradas tenían vínculos familiares, no contaban con equipos, personal especializado ni permisos que exige la ley para la extracción de minerales, lo que reforzó la tesis de que se trataba de una estructura criminal diseñada para blanquear oro de origen ilegal.
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