Dos jóvenes de 23 años fueron detenidos luego de ser sorprendidos realizando grafitis sobre los muros incas del templo Aqlla Wasi, ubicado en la calle Loreto del Centro Histórico de Cusco.
El atentado contra el patrimonio cultural ocurrió durante la madrugada del viernes y fue detectado por las cámaras de videovigilancia, lo que permitió una rápida intervención de agentes municipales y efectivos de la Policía Nacional del Perú.
El Pleno del TC ha establecido "como criterio interpretativo vinculante" la preeminencia del Poder Ejecutivo en materia de iniciativa de gasto y su competencia para la administración de la hacienda pública.
Los detenidos fueron identificados como Joaquín Pacheco y Leonardo Villarejo Valdivia. De acuerdo con el Centro de Operaciones de Emergencia Regional, ambos estaban acompañados por una mujer y presuntamente se encontraban en estado de ebriedad al momento de cometer el acto vandálico.
Tras su captura, fueron puestos a disposición de la Unidad de Flagrancia de la Comisaría de Cusco para las investigaciones correspondientes.
El ataque dejó tres grafitis: dos sobre el muro del templo Aqlla Wasi y otro frente al monumento arqueológico. Personal especializado del Ministerio de Cultura acudió al lugar para iniciar las labores de recuperación, que incluyen limpieza en seco, aplicación de solventes en gel y líquido, además del uso de jabón negro, con el objetivo de retirar la pintura sin afectar la estructura de las piedras incas.
La Municipalidad Provincial del Cusco condenó enérgicamente lo sucedido y exigió que el caso sea investigado conforme a la legislación vigente. Asimismo, recordó que los bienes arqueológicos forman parte de la identidad histórica del país y reiteró la necesidad de reforzar las acciones de vigilancia y protección en las zonas monumentales de mayor afluencia turística.
Según el Código Penal peruano, dañar o alterar bienes culturales prehispánicos constituye un delito sancionado con penas de entre tres y ocho años de prisión.
Además de una eventual condena, los responsables podrían asumir el costo total de la restauración, afrontar multas de hasta 1.000 UIT y el decomiso de los materiales empleados en el atentado contra el patrimonio cultural.
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