El avance del crimen organizado en la Amazonía peruana ya deja cifras alarmantes. Desde 2020, al menos 35 líderes indígenas han sido asesinados por defender sus territorios, mientras que más de 590 personas enfrentaron situaciones de riesgo desde 2019, según registros oficiales.
La disposición será de aplicación inmediata en todas las entidades estatales, como gobiernos regionales, locales, mancomunidades regionales, municipales, y universidades, escuelas y otras instituciones públicas.
Detrás de estas amenazas hay un patrón claro: cerca del 70% de los casos está vinculado a economías ilegales como la minería ilegal, la tala indiscriminada y el narcotráfico, de acuerdo con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Las regiones más golpeadas son Ucayali (18.6%), Loreto (11.4%), San Martín (11%) y Madre de Dios (9.3%), donde la presencia del Estado resulta limitada frente al avance de redes criminales.
“El crimen organizado está ganando terreno. No solo actúan quienes ejecutan la violencia, sino también quienes facilitan su ingreso a los territorios”, advirtió Carlos Quispe, de la organización Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR).
Mecanismos débiles y comunidades en riesgo
Pese a la existencia del Mecanismo Intersectorial para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos, especialistas coinciden en que su impacto es limitado. El sistema se enfoca en medidas individuales y deja de lado factores estructurales como la seguridad territorial o el acceso a justicia.
A ello se suman fallas como la falta de lineamientos claros para la Policía, baja articulación en regiones y un marco normativo que no es vinculante.
Frente a este escenario, las propias comunidades han asumido tareas de defensa mediante guardias indígenas, rondas nativas y sistemas de vigilancia.
“Estamos construyendo herramientas de autoprotección, pero no podemos reemplazar al Estado. Es su responsabilidad garantizar la seguridad”, señaló el líder indígena Jamner Manihuari, de la COICA.
Una crisis que se extiende en América Latina
Lo que ocurre en Perú es parte de un fenómeno mayor. América Latina concentra el 82% de los asesinatos de defensores ambientales en el mundo, según el informe “Raíces de Resistencia” de Global Witness (2025), que identifica a la región como la más peligrosa para esta labor.
La alerta fue reforzada en Lima durante el III Encuentro Regional de la Alianza Latinoamericana de Defensores y Defensoras del Territorio Indígena (ALADTI), que reunió a representantes de ocho países.
Desde Guatemala, la lideresa indígena Dina Juc advirtió: “Existe un crimen organizado bien estructurado. Sus tentáculos alcanzan la explotación de nuestros territorios y muchas veces operan con impunidad”.
Los líderes coincidieron en que la violencia ya no es aislada, sino sistemática y regional, impulsada por redes ilegales que operan en distintos países con dinámicas similares.
Propuestas urgentes ante una amenaza regional
Frente a esta crisis, los pueblos indígenas plantearon medidas concretas: elevar los mecanismos de protección a rango de ley, definir responsabilidades claras entre niveles de gobierno y garantizar acceso efectivo a la justicia.
También proponen articular los sistemas de protección indígena con el Estado y fortalecer la cooperación internacional. Una de las principales apuestas será la próxima COP4 del Acuerdo de Escazú, donde buscarán posicionar la agenda indígena a nivel regional.
“Sin una respuesta coordinada entre los Estados, será muy difícil frenar el avance de las economías criminales y proteger la vida de millones de personas”, advirtió Quispe.
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