No puede pasar desapercibido todo el atropello que se viene cometiendo desde la capturada Junta Nacional de Justicia, que está aprovechando este periodo final de transición de gobierno para cumplir los designios del actual Congreso, y sancionar a jueces y fiscales probos; en ese afán de cumplir los designios de la Mesa Directiva, en especial de Fernando Rospigliosi y sus leyes infames que vulneran todo lo que se ha avanzado en materia de Derechos Humanos.
A la JNJ no le importa la probidad y mucho menos la valentía de jueces y fiscales, que en estricto cumplimiento de sus funciones y facultades imparten justicia, y que además también pueden observar una norma legal que contraviene a una de mayor rango, como es el “control difuso”, justamente cuando una ley aprobada por este Congreso vulnera derechos y subvierte el sistema jurídico. El control difuso es parte de sus competencias como juez y puede aplicar este criterio a la hora de emitir una resolución judicial, como se hace en cualquier parte del mundo.
Parecería que les es incómodo que existan jueces y fiscales correctos, que tienen una trayectoria intachable como el juez Chávez Tamariz, Richard Concepción Carhuancho, el juez Ordoñez Alcántara y la propia fiscal de la nación Delia Espinoza, y por eso les han abierto procesos administrativos y en algunos casos ya los han sancionado desde la JNJ, comportándose como un esbirro de este Congreso de impresentables, para saldar cuentas con aquellos jueces y fiscales que hacen cumplir la Ley.
El objetivo de la JNJ es vengarse de aquellos jueces y fiscales que se han atrevido a obrar con sentido de justicia y los ha sancionado; basta que disientan de los designios del Congreso. Este es un terrible precedente, que evidentemente tiene un objetivo subrepticio, para enviar el mensaje a todos los jueces y fiscales del país, para que se alineen a los designios de este desprestigiado Parlamento, porque si no que se atengan a las consecuencias.
Esto es una prueba más de la manipulación grosera que existe hoy en contra del sistema de justicia, que está siendo sometido por el “pacto mafioso” que ya nos gobierna y expulsa a cualquiera que disienta con sus abusos y prepotencias.
Todo esto afecta la seguridad jurídica del país y, ante un posible triunfo de Keiko Fujimori, solo se estaría confirmando el copamiento que habría en las instituciones públicas determinantes para la democracia en el Perú.