La decisión irracional de modificar la tipificación del delito de lesa humanidad y buscar impunidad para delitos comunes que cometen policías y militares, con todos los antecedentes que existen, es un despropósito y una afrenta a la lucha de centenares de víctimas que siguen buscando justicia; además, es un contrasentido en el campo de los derechos humanos, que se entiende son la base de una sociedad moderna y civilizada.
Esta aprobación de la ley que modifica el Código Penal Policial Militar y el nuevo Código Procesal Penal, Balcázar la ha hecho en tiempo récord; en su intrascendencia, ha servido solo de mesa de partes del Congreso y, a sabiendas de su ilegalidad, que inclusive contraviene acuerdos internacionales, ha promulgado esta infame ley y ayer ha sido publicada en El Peruano, justamente a una semana de la asunción de mando de Keiko Fujimori.
En términos fácticos, se ha aprobado una nueva “Ley procrimen”, que busca impunidad a los crímenes que han cometido militares y policías en las protestas en contra de Dina Boluarte y, lo más grave, es el precedente que se busca generar, intimidando a la población para que no se atreva a reclamar o protestar; sabiendo que la Constitución protege el derecho a la protesta de los ciudadanos. ¿Qué mensaje le dan al país si la mano derecha de Keiko sigue desbocada promoviendo este tipo de leyes, que atentan contra derechos ciudadanos? Eso sin haber asumido el poder todavía, ¿qué nos deparará en estos próximos años?
Ahora, con esa nueva ley, cuando se cometa un delito de parte de los policías y militares, ya no se va a poder denunciar al sistema de justicia ordinario, como sucede en cualquier democracia del mundo; sino que van a ser investigados y procesados por la propia Inspectoría, con el evidente conflicto de intereses y el terrible “espíritu de cuerpo” para encubrir delitos, como ha sucedido en periodos nefastos como la dictadura de Fujimori-Montesinos, que incluía amnistías para criminales como los del grupo Colina.
Este abuso de poder perpetrado por Rospigliosi, adlátere de la presidenta Keiko Fujimori, es enrostrado hoy por los casos cotidianos de abuso policial. Esta semana asesinaron a un niño de 8 años en una confusa intervención policial; se suma al caso del menor de edad asesinado en una comisaría y podemos seguir enumerando con el acribillamiento de una camioneta de futbolistas de Copa Perú. Entonces la indefensión en la que nos deja es criminal.