El Tribunal Constitucional se ha venido tumbando procesos judiciales emblemáticos del caso Lava Jato, que han tenido sentencias condenatorias y que llevaron a la cárcel hasta expresidentes; de la misma manera que se tumbó el caso Cocteles de Fuerza Popular por el ruleteo inmoral de millones de dólares, con los que financiaron la campaña a Keiko Fujimori, desde 2011, y se han repetido en las elecciones de 2016 y 2021.
Después, ese mismo TC validó la ley de prescripción de los crímenes de lesa humanidad y de “taquito” anuló la condena de Urresti, para que salga libre, después de que en varias instancias en el Poder Judicial confirmaron su responsabilidad en los delitos por el asesinato de Hugo Bustíos; sabiendo que en su momento el actual presidente del Congreso les ofreció a sus familiares directos su ayuda y compromiso para sancionar a los criminales que se ensañaron con el periodista.
El TC con estas acciones demuestra que no le importa hacer justicia en casos de derechos humanos; actúan en pared con el Congreso, para avalar estas sinrazones que vulneran justamente los derechos humanos de las víctimas y familiares, y se genera un terrible precedente de impunidad, sabiendo lo que ha significado para el país los años de violencia estructural por culpa del terrorismo y que se tuvo expuesta a la población campesina del país.
Estamos viviendo tiempos aciagos, donde la justicia se rifa al mejor postor y con la seria sospecha de que estaría al servicio de intereses subalternos, porque interpretan la ley como mejor les convenga y beneficie a los delincuentes de cuello y corbata. Lo contradictorio es que los favorecidos con impunidad fueron procesados, siguieron un juicio con todas las garantías legales y fueron sentenciados por la abundancia de las pruebas; y ahora recurren al Tribunal Constitucional y todo el proceso judicial se tumba a fojas cero, brindándoles la libertad y la impunidad de los delitos de corrupción.
Paradójicamente, este mismo TC que cuestiona los derechos humanos, cuando se trata de sus allegados o de los que están detrás de los votos que les han permitido llegar a ser magistrados, ahí sí valen los derechos humanos y otorgan habeas corpus, como el caso de Cerrón, para liberarlos de la cárcel; sabiendo que están involucrados en actos de corrupción.
Sería bueno saber: ¿Cuál es el interés subrepticio que define el criterio de estos magistrados? ¿Qué relación tienen estas sentencias direccionadas, si los que votaron y promovieron la elección de estos magistrados son hoy los beneficiados con estas resoluciones controversiales?