En un escenario de cuestionamiento de los resultados electorales debido a los problemas que se generaron durante la primera y la segunda vuelta, era importante que el JNE actúe con ponderación y en apego estricto a la ley en temas controversiales que no merecen mayor discusión, como la intención ilegal de Rafael López Aliaga de pretender ser regidor por la Municipalidad Metropolitana de Lima, sabiendo que ya fue electo senador.
Peor aún, cuando ya se tenía el pronunciamiento en primera instancia del Jurado Electoral Especial de Lima (JEE), que declaró improcedente esta pretensión, porque el cargo de diputado o senador es irrenunciable.
El JNE no puede ser la mesa de partes de los intereses de un personaje que se atrevió a insultar a las autoridades electorales con expresiones irreproducibles cuando amenazó al presidente del JNE con sodomizarlo durante su berrinche por los resultados electorales en primera vuelta.
Los candidatos necesitan entender que, en democracia, se deben respetar los resultados electorales y todo el procedimiento, donde existe un reglamento y está inscrito en un marco legal mayor, refrendado por la propia Constitución. Por eso, la decisión de habilitar a López Aliaga para este nuevo capricho deja muy mal parado al JNE, pues se inferiría que la entidad electoral está sometida a los intereses particulares de personajes cuestionados.
Cabe recordar que López Aliaga primero renunció al cargo de alcalde de Lima para buscar infructuosamente la elección presidencial, sabiendo que se comprometió en campaña a no hacerlo, inclusive puso su palabra como garantía ante los electores en plena elección municipal.
Si el JEE ha declarado “improcedente” la pretensión de López Aliaga, significa que su candidatura es inviable legalmente, porque contraviene las normas electorales. La decisión no fue “inadmisible”, que es el otro concepto, cuando hay fallas o errores de forma en la inscripción de una candidatura. Por tanto, hay suficientes argumentos legales que prohíben esta inscripción irregular de una candidatura.
Ahora la sospecha se traslada a los intereses subrepticios detrás de esta decisión, ya que el JNE, no conforme con esta resolución, ha habilitado la curul para que ingrese Absalón Vásquez, un sentenciado por corrupción que no ha pagado la reparación civil. ¿Qué mensaje le da el JNE al país?