A un día de la primera vuelta, abundan las advertencias, los llamados urgentes y, sobre todo, las explicaciones adelantadas. Las últimas encuestas publicadas la semana anterior perfilaban algunos escenarios probables para la segunda vuelta —en los que hay una candidata casi segura— y, con ellos, ya circulaban los primeros lamentos. Pero, antes de ir a las urnas, convendría preguntarnos a quiénes culparemos cuando conozcamos el resultado. La respuesta no es única.
En primer lugar, hay una responsabilidad estructural, institucional, que ya muchos analistas han señalado. El sistema político peruano ha permitido e incentivado una fragmentación extrema de la oferta electoral. La proliferación de partidos ha convertido la cédula de votación en un catálogo inmenso de opciones. Este escenario no surge de la nada: es producto de reglas permisivas, de reformas incompletas y de un Congreso que ha contribuido a la precarización del sistema de partidos.
Reducir el problema a lo institucional sería insuficiente. Los partidos políticos —los que existen y los que solo aparecen en campaña— también tienen una responsabilidad directa. Hay organizaciones que, más allá de sus cuestionamientos, han construido presencia territorial, redes de militancia y mecanismos de movilización sostenidos en el tiempo. El caso del fujimorismo, por ejemplo, es incómodo para muchos, pero ilustra esta realidad. Y hay que aceptarla: no se trata solo de una marca electoral, sino de una estructura que se ha mantenido vigente, con capacidad de organización y conexión con un sector del electorado.
En contraste, otros partidos siguen operando como plataformas electorales de corto plazo y, en algunos casos, como vehículos para satisfacer egos de quienes consideran que merecen ser presidentes, pero no saben construir alianzas. Aparecen cerca de la elección, sin trabajo territorial sostenido, sin formación de cuadros, sin articulación real con la ciudadanía. Luego, frente a escenarios adversos, la explicación suele ser externa: el votante no entendió, el país no estaba preparado, la campaña fue injusta.
El problema no es solo del votante. Por eso, hay que entrar a un tercer nivel de responsabilidad: el de las élites políticas, los líderes de opinión y, en general, quienes influyen en la conversación pública. Muchos han optado por promover la campaña “Por estos no” —si es que no han sido ellos mismos quienes la impulsan—. La pregunta es si realmente funciona decirle a alguien por quién no votar —mientras, paradójicamente, se refuerza la recordación de los logos que se busca evitar— o si, más bien, solo se consolidan convicciones en sectores ya inclinados, sin construir nuevas adhesiones.
Desde esta misma élite, además, se ha vuelto cada vez más frecuente un discurso que no busca comprender al elector, sino corregirlo o, peor aún, despreciarlo. Se descalifica a quienes votan por ciertas opciones —fujimorismo, López Aliaga o figuras que apelan al humor o a influencers— como si su decisión fuera inferior. Este enfoque no solo es problemático desde un punto de vista democrático; es, además, profundamente ineficaz.
Hay, además, un problema de fondo: la desconexión. Mientras algunos sectores insisten en discursos cargados de tecnicismo o superioridad moral, la gran mayoría de ciudadanos sigue esperando respuestas concretas a problemas cotidianos. No basta con tener la “mejor propuesta” en el papel si no se logra conectar con las experiencias, miedos y expectativas de la gente.
Nada de esto exime de responsabilidad al elector, pero sí obliga a matizar el diagnóstico. El voto no ocurre en el vacío. Por eso, convendría bajar el tono de la indignación selectiva y elevar la autocrítica. Estamos frente al reflejo de un sistema que no termina de ordenarse, de partidos que no se consolidan y de una conversación pública que, demasiadas veces, prefiere juzgar antes que entender.