El Perú avanza hacia un relevo de gobierno en el cual el ganador de las elecciones presidenciales llegará a Palacio por un margen muy estrecho, repitiendo casi un esquema que tuvo lugar en las presidenciales de 2021.
Sin embargo, la ruta hacia el resultado final no ha estado exenta de incidentes y acusaciones que, aunque desprovistas de base —y resueltas con claridad técnica y jurídica por el JNE— intentaron empañar el proceso, mientras se realizaba el conteo de votos. Y sucedió tanto en la primera como en la segunda vuelta.
De ahí que los expertos coincidan en la necesidad de una reforma electoral que el próximo Congreso debería emprender ni bien inicie funciones. El primer objetivo es obvio: agilizar el sistema de modo tal que los resultados se conozcan más rápido y no tengan en ascuas a la población por tanto tiempo. Una demora que termina, además, alentando dudas y confrontaciones innecesarias.
Tenemos el caso de Colombia, que al tercer día después del sufragio tuvo los resultados de la segunda vuelta y al cuarto se le entregaron las credenciales al ganador. Con lo que no se dio pie a ninguna especulación y se cortaron de plano los vagos cuestionamientos que intentó sembrar el bando perdedor. En el Perú las credenciales las entregarán recién el 15 de julio, más de un mes después de la segunda vuelta.
Esta reforma, por otra parte, no debería postergarse hasta los últimos años del mandato –y en medio de lo que sería un año preelectoral– pues su legitimidad y pertinencia sería motivo de controversia o de abierta sospecha.
Y los cambios deberían incluir un impedimento, por ejemplo, para criolladas como la que pretende concretar Rafael López Aliaga. Es decir: postular a la Presidencia y al Senado, para luego rechazar el mandato popular, renunciando a su escaño, y candidatear subrepticiamente —eludiendo la normativa en vigor— a otro cargo que le daría mayor visibilidad en el municipio de Lima. Una vergüenza.