La crisis política peruana no tuvo un impacto proporcional en los principales indicadores económicos, pero sí afectó el consenso respecto del régimen económico. Durante décadas, los principios de equilibrio presupuestario y sostenibilidad fiscal fueron un límite para los poderes públicos. El Tribunal Constitucional tuvo una interpretación consistente respecto de los límites a la iniciativa de gasto de los congresistas. Por ejemplo, en 2012 señaló que el Ejecutivo no puede ser sustituido “en la dirección de la política económica, menos aún creando gastos que escapan a la proyección técnica diseñada por el Gobierno”. Asimismo, sostuvo que la habilitación de gastos no debe escapar de la ley de presupuesto vigente, “escapando de su balance general de cifras de ingresos y egresos”.
Sin embargo, desde 2022 hubo una variación en el sentido de la jurisprudencia sin cambio normativo. Se interpretó que los límites constitucionales para habilitar la generación o aumento de gastos públicos que afecten directa e inmediatamente el equilibrio presupuestal están referidos al presupuesto anual. Una importante rectificación se produjo en los últimos días.
El TC ha desarrollado, en una reciente sentencia cuyos criterios interpretativos son vinculantes, el principio de preeminencia del Ejecutivo en la iniciativa de gasto. Como consecuencia del principio de separación de poderes que le asigna la administración de la hacienda pública al Ejecutivo, el tribunal precisa que los límites a las iniciativas parlamentarias para incrementar gastos se aplican al presupuesto anual o que impacten en el futuro. Aunque la sentencia no tiene efectos retroactivos, su impacto es fundamental para el nuevo Congreso.
Las nuevas reglas prevén una excepción para el desarrollo de iniciativas en materia de derechos sociales que podrían incrementar el gasto público. Los proyectos de ley deberán considerar el principio de desarrollo progresivo de las medidas que generen gasto, identificar expresamente la fuente de financiamiento que garantice efectivamente el equilibrio presupuestario y coordinar con el Poder Ejecutivo. Las comisiones deben requerir previamente el informe de sostenibilidad fiscal emitido por el órgano competente del Poder Ejecutivo, que se constituirá en un órgano de asistencia técnica permanente al Congreso. Este tema remite a una antigua propuesta para que el Congreso, como ocurre en otros países, cuente con su propio órgano de asistencia técnica económica y presupuestal. Dicha oficina selecciona a sus profesionales por concurso público y cuenta con autonomía funcional y, por supuesto, sus informes no son vinculantes. Desde una perspectiva técnica, el fallo reitera el control ex ante como parte de la cooperación entre poderes que reduce el riesgo de gasto público desfinanciado y devuelve previsibilidad a la programación presupuestal.