Junio siempre ha sido un mes de múltiples significados. En Cusco se vive el Inti Raymi; en la Amazonía se celebra San Juan; y para millones de personas LGBTIQ+ alrededor del mundo es también el mes del orgullo. Ahora, por iniciativa de la congresista Milagros Jáuregui de Aguayo, el Congreso ha decidido declararlo además como el “Mes de la Vida y la Familia”.
No hay conceptos más eficaces políticamente que aquellos que parecen universales e incuestionables. Nadie está en contra de la familia. La verdadera discusión empieza cuando alguien pretende definir qué familias merecen reconocimiento y protección.
Varios congresistas advirtieron durante el debate parlamentario que esta iniciativa no podía desligarse de su coincidencia con el mes del orgullo. Para algunos, se trata de una forma innecesaria de dividir a la población. Otros celebran este tipo de proyectos precisamente porque los consideran parte de una “batalla cultural”: una respuesta frente a lo que perciben como el avance de agendas vinculadas a la diversidad sexual y de género.
Ya sabemos de qué familia hablan cuando dicen defender a “la familia”. Es una muy específica: mamá, papá e hijos, organizada bajo roles tradicionales y presentada como el modelo ideal. ¿Qué pasa con el resto de experiencias familiares? Las madres solteras, los padres que crían solos, los abuelos que asumen la crianza de sus nietos o las familias ensambladas pasan a ser excepciones toleradas; mientras que las familias homoparentales son negadas por completo.
Milagros Jáuregui no ha impulsado esta iniciativa de forma aislada. Su actividad legislativa ha seguido una línea coherente: restringir el enfoque de género en las políticas públicas, oponerse a la educación sexual integral, reforzar una determinada concepción de la vida desde la concepción y promover una única idea legítima de familia. El “Mes de la Vida y la Familia” es apenas una pieza más de un proyecto político y cultural que lleva años intentando reinstalar viejas jerarquías bajo el lenguaje de la protección y los valores.
Desconcierta que algo tan básico para la convivencia democrática no sea comprendido o, peor aún, sea deliberadamente ignorado: así como nadie puede impedirles vivir según sus convicciones religiosas, tampoco pueden convertir esas creencias en normas para todos. ¿En qué momento aceptamos que una iglesia pueda definir la moral del Estado?
Quienes promueven estas iniciativas suelen advertir sobre una supuesta pérdida de valores. ¿Qué es exactamente lo que está siendo atacado? ¿Que las mujeres tengan mayor autonomía sobre sus decisiones? ¿Que las personas LGBTIQ+ ya no acepten vivir ocultas? ¿Que los jóvenes cuestionen mandatos que antes parecían inamovibles?
Hasta la ficción lleva años advirtiéndonos, con distopías como “El cuento de la criada”, cómo las regresiones suelen presentarse como actos de protección de ciertos valores morales. Las libertades rara vez desaparecen de un día para otro. Se cercenan lentamente, a través de pequeños consensos y renuncias que parecen inofensivos.
En toda esta discusión, hay un detalle que me llama la atención: que la congresista insista en presentarse públicamente como “de Aguayo”. Llevar el apellido del esposo no tiene nada de reprochable, pero es, por lo menos, curioso en alguien que ha hecho de la defensa de los roles tradicionales una bandera política. Resulta paradójico que una mujer que hoy ejerce poder, legisla y tiene voz pública gracias a décadas de ampliación de derechos dedique buena parte de su trabajo a restringir el reconocimiento de otras formas de vivir y de otras libertades. ¿Será una forma de recordarse cuál es su lugar y el límite de su libertad? En sus propias palabras: su lugar sigue siendo el de ayuda idónea para su esposo.
El problema no es que Milagros Jáuregui viva según sus convicciones y se someta voluntariamente a ciertos roles. El problema empieza cuando esas convicciones dejan de ser una guía para su propia vida y se convierten en una vara para medir la legitimidad de la vida de los demás.