Aprovechando la coyuntura de incertidumbre por los resultados electorales de segunda vuelta, en la que todos los radares están puestos en el conteo de votos, este Congreso de impresentables, a días de cerrar la legislatura, está desbocado y sigue arremetiendo contra los intereses del país: ahora continúa promoviendo leyes procrimen, en esta ocasión para generar impunidad en casos de represión violenta contra la población civil que intente manifestarse y ejercer el derecho ciudadano a la protesta.
En el Pleno del Congreso han aprobado, en primera votación, la ley que amplía la competencia del fuero militar-policial para que militares y policías sean investigados y juzgados por delitos comunes fuera del sistema ordinario, que corresponde al sistema de justicia. Como está normado, el Poder Judicial y el Ministerio Público son los encargados de administrar justicia e investigar estos delitos que en la última década han enlutado a decenas de familias por la represión violenta que han ejercido contra la población civil.
Los casos emblemáticos de violencia desmedida por parte de las fuerzas del orden siguen, hasta hoy, esperando justicia, justamente por la anomia que tiene la judicatura y la dilación de unos procesos judiciales que duran muchos años en nuestro país.
Ahora ni siquiera habrá oportunidad de denunciar, pues con esta ley ya no será un delito punible por la justicia ordinaria: se delegará esta responsabilidad a la Inspectoría de la Policía o de las Fuerzas Armadas, para que ellos aperturen un proceso en la jurisdicción policial o militar, que tiene un carácter excepcional y restrictivo. Con ello, se vulnerarían estándares nacionales e internacionales y se pondría en riesgo a las víctimas para obtener justicia.
A la luz de los hechos y de lo vivido durante décadas en casos de violaciones a los Derechos Humanos, es imposible que en el fuero militar-policial se pueda lograr justicia. Está por demás mencionar, más bien, la intencionalidad de buscar impunidad con la promulgación de leyes de amnistía, como las que hicieron dictadores como Alberto Fujimori para encubrir los delitos en asesinatos selectivos que cometió, por ejemplo, el denominado Grupo Colina.
Es vergonzoso que no podamos evolucionar como sociedad y consensuar que los Derechos Humanos son una agenda pendiente en el país. Siempre ha sido la CIDH la que nos ha hecho recordar que estamos suscritos a la competencia del Sistema Interamericano de DD.HH. y que tenemos el deber de reparar y atender a los deudos de las víctimas de violaciones a los DD.HH.