[Opinión] Martín Naranjo: “Informalidad y crisis”

Con los niveles de empleo formal que generamos actualmente, no tiene ningún sentido constructivo vulnerar la institucionalidad, violentar las formas y regular por decreto sin seguir el debido proceso de diálogo y discusión previsto en nuestro ordenamiento y en los convenios internacionales ratificados por el Perú. No tiene ningún sentido constructivo crear barreras a la inversión, crear barreras a la formalidad o desincentivar el empleo formal.

La informalidad hace que un gran grupo de peruanos quede desprotegido y, además, sea invisible para el Estado. La informalidad mata porque nos obliga a navegar a ciegas en cualquier tormenta. En medio de agudas crisis, la informalidad dificulta sobremanera focalizar ayudas, subsidios y acciones. La pandemia, los sucesivos Fenómenos de El Niño, o terremotos como el de Pisco, no son sino muy tristes ejemplos de la terrible incapacidad que produce esta ceguera cuando más se necesita que el Estado responda rápida y eficientemente con ayuda focalizada. Claramente no necesitamos más informalidad ni más empleo precario. Deberíamos más bien concentrar esfuerzos en promover el crecimiento, la inversión y la formalidad, en elevar nuestra competitividad y productividad, en generar más y mejores empleos.

Con cerca de 8 de cada 10 peruanos trabajando en la informalidad no hay manera de que una cuarentena sea efectiva; resulta imposible para muchos peruanos quedarse en casa cuando el día a día se gana en las calles. Si además tomamos en cuenta que la informalidad representa menos del 25% del producto, entonces queda claro que una cuarentena estricta, al paralizar completamente a las empresas formales, detiene la parte más importante de la producción nacional. Así, si paralizamos gran parte de la producción nacional y al mismo tiempo gran parte de nuestra población sigue en las calles, no debería sorprendernos, por lo menos en retrospectiva, que hayamos tenido el mayor impacto mundial en contagios y muertes por habitante junto con la mayor caída en la producción durante los años de la pandemia.

Por todo esto, es posible afirmar que una política de Estado que altere el régimen laboral desincentivando aún más la formalidad cometería un error muy grande, de consecuencias realmente graves, debido a que se debilitarían sustancialmente nuestros ya muy afectados fundamentos económicos, se afectarían seriamente la confianza, la inversión y el crecimiento y, sobre todo, se mantendrían invisibles y desprotegidos una proporción muy importante de peruanos. Una política de esta naturaleza nos haría aún más vulnerables y cualquier crisis destruiría de nuevo e innecesariamente demasiado valor.