[Opinión] Joaquín Rey: Apuntes varios

- Dos: Esta semana finalmente se concretó la cancelación de la inscripción de 15 partidos políticos luego de no alcanzar las condiciones establecidas para continuar vigentes, a saber, pasar la valla del 5% y colocar al menos cinco congresistas en más de una circunscripción. Esta es sin duda una situación dura para muchos partidos, entre ellos algunos de los de mayor longevidad en nuestra historia. Pero es una decisión que debemos celebrar. Parte de la debilidad de nuestro sistema electoral es la proliferación de organizaciones políticas cuya oferta realmente no es tan diferente. En la última elección tuvimos 19 candidatos presidenciales, algo impensable en la mayor parte del mundo, muchos de los cuales perfectamente habrían podido ir bajo una misma propuesta.

La cancelación de inscripciones partidarias obligará a los actores políticos a aglutinar esfuerzos políticos y buscar consensos necesarios para la construcción de mayorías y, por ende, contribuirá con la gobernabilidad. Ahora hace falta complementar esta disposición con la implementación definitiva de algunas otras reformas pendientes decisivas para el fortalecimiento de nuestro sistema político: eliminación del voto preferencial, bicameralidad, primarias abiertas simultáneas y obligatorias, entre otras

- Tres: Además de los cuestionamientos arriba mencionados por una evidente cercanía con el pasado senderista, el ministro Iber Maraví representa un riesgo para la cartera que inmerecidamente lidera. Esta semana al presentar su visión para el sector trabajo, entre otras cosas mencionó su intención de retirar las demandas de inconstitucionalidad contra las leyes 31131 –que elimina el régimen CAS– y 31188 –que regula la negociación colectiva en el sector público–, ambas interpuestas por el gobierno del presidente Francisco Sagasti

Además de evidenciar el profundo desconocimiento de Maravi en material legal –ya varios constitucionalistas han aclarado que no existe tal cosa como el retiro de una demanda de inconstitucionalidad– sus intenciones tendrían efectos desastrosos para nuestras finanzas públicas. La eliminación del CAS implicaría un costo estimado de S/3,600 millones para el fisco, mientras que le implementación de la norma de negociación colectiva le costaría al Estado unos S/6,200 millones. Hay que hacerle saber a este gobierno que el presupuesto público –ya deberíamos saberlo a estas alturas– no es un barril sin fondo.