Se requiere que el nuevo ministro o ministra de Vivienda que elija la presidenta del Perú, Keiko Fujimori, aceptando la propuesta de su premier, sea una persona de probada experiencia de gestión en el sector y sin cuestionamientos en su hoja de vida, criterios que por lo demás aplica al resto de ministerios que integran el Ejecutivo. El nuevo gobierno debe echarse a ver más concienzudamente el proyecto de reglamento de la Ley de Vivienda de Interés Social (VIS), recientemente publicada, para cumplir con el protocolo de recibir sugerencias o críticas, las que, en la práctica, difícilmente se recogen.
El citado proyecto modifica parámetros técnicos para las edificaciones de unidades inmobiliarias de interés social, que podrán ser “excepcionalmente” de 25 m2, en su área inicial (módulo básico), sufriendo una rebaja de 10 m2 a los 35 m2 que actualmente rige, pero bien sabemos que, en nuestro criollo país, lo excepcional pasa siempre a ser lo ordinario o cotidiano. Como el papel aguanta todo, el proyecto señala que esta área mínima de 25 m2 será procedente en tanto se satisfagan los requisitos de habitabilidad y seguridad, que para los efectos el reglamento desarrolla.
Pero, a ver, las municipalidades competentes para el otorgamiento de las licencias de construcción no se dan abasto logísticamente para verificar el cumplimiento de los expedientes técnicos que se les presentan para el levantamiento de fábrica (construcción) de los solicitantes, entre ellos, los obligatorios, estudio de suelos y plano de estructuras, respectivamente. El asunto es hacer visitas de campo, de inspección en la misma obra por parte de los funcionarios ediles, a efectos de fiscalizar que la documentación presentada guarde concordancia con la edificación. La pregunta entonces cae de madura, ¿podrá el Estado certificar aquello de la habitabilidad y seguridad de esos 25 m2 de una vivienda social?
No se trata de aparentar ser el gobierno que más viviendas entregue a la población de escasos recursos, sino que estas reúnan los requisitos de calidad, efectiva supervisión técnica y seguridad estructural. De lo contrario, espacios tan reducidos como los que se pretenden aprobar corren riesgo de convertirse en trampas mortales ante sismos de mediana a fuerte intensidad, como la tragedia acaecida en Venezuela, producto del doblete sísmico del pasado mes de junio, que arrasó con cerca de 200 edificios de viviendas, que hasta el momento ha cobrado la vida de más de cinco mil personas, cifra que va en aumento, evidenciándose severas fallas estructurales y pésima calidad de los materiales de construcción.
Que no se convierta en un incentivo perverso el construir más viviendas por terreno, con autoridades que fallan en la supervisión; somos un país altamente sísmico, no incurramos en los errores del país llanero.