Esta semana, Rutas de Lima, empresa concesionaria de más de 80 kilómetros de la carretera Panamericana Norte y Sur desde 2013, anunció su disolución y liquidación. Esto como consecuencia de años de actos de hostigamiento y arbitrariedades judiciales que han llevado a que la empresa no pueda recibir el 60% de los ingresos que le corresponden de acuerdo con su contrato de concesión.
No puedo pensar en una peor publicidad para el Perú como destino de inversiones. En buena cuenta, se trata de una empresa anunciando al mundo que en nuestro país los políticos la han agarrado cual piñata para conseguir réditos, sin importar los compromisos asumidos por el Estado ni los cerca de S/4,000 millones que la concesionaria ha invertido en nuestro país para cumplir su parte del contrato.
Así, hemos visto situaciones como la de un juez de menor instancia de Lurín suspendiendo el cobro de uno de los peajes más transitados del Perú o a un alcalde desconociendo fallos internacionales, o incluso llamando a la población a “tomar” la concesión.
El argumento esgrimido para el hostigamiento a la empresa es que esta tiene un origen corrupto por la participación de Odebrecht. No obstante, lo cierto es que, en 2016, cerca del 70% de la misma fue vendida a Brookfield Asset Management, una administradora de activos de primer nivel con sede en Nueva York, que posee una cartera de más de un billón de dólares. En el momento en que se realizó esta compra, no había surgido todavía el escándalo Lava Jato, y no se ha encontrado evidencia alguna de que Brookfield tuviera conocimiento de irregularidades en el proceso de otorgamiento de la concesión.
Cierto es que, a la fecha, 25% de la empresa está en manos de Novonor (ex Odebrecht). Pero lo que no se cuenta es que hace ya varios años Brookfield propuso una modificación al contrato de concesión que habría permitido a una tercera empresa adquirir la participación restante de Novonor. No obstante, esta propuesta fue rechazada por la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), entidad concedente. Es decir, mientras que, por un lado, se rechaza con justa razón la continuidad de Novonor en el Perú, por otro se bloquea su salida de una concesión tan importante como la de Rutas de Lima. La razón es evidente: poder seguir teniendo un argumento para hostigar a la empresa concesionaria.
Algo debe quedar claro: el daño hecho por Odebrecht al Perú es incalculable y no se debe escatimar en sanciones a los responsables. Pero una cosa muy distinta es el caso de un fondo que compró de manera totalmente regular una concesión que en el pasado fue propiedad de Odebrecht, antes de que se tuviera conocimiento del actuar de esta.
Más allá del daño al Perú como destino de inversiones, el anuncio de Rutas de Lima es muy preocupante para los millones de usuarios de las vías administradas por esta, pues entramos hoy a un escenario de incertidumbre sobre el futuro de la concesión, y resulta evidente que la empresa no invertirá un sol más de la misma ante esta situación. ¿Quién lo haría?
Pero el daño no queda ahí. Está claro que la empresa concesionaria no se mantendrá de brazos cruzados, sino que continuará con la toma de acciones legales para defender su posición. De hecho, ya existe un fallo en los tribunales de Estados Unidos que obliga a la MML a pagar US$200 millones. Pero esto es solo el comienzo. La concesionaria ya inició un arbitraje ante el Ciadi (corte adscrita al Banco Mundial) por US$2,700 millones, acusando al Perú de violar tratados internacionales. Dados los antecedentes descritos, nuestro país tiene todas las de perder. Así, los eventuales costos que tendremos que enfrentar todos los peruanos serán millonarios y seguirán deteriorando la salud fiscal del Perú.
Lo realmente paradójico es que, en última instancia, parte de las indemnizaciones que tendrá que pagar el Estado peruano irán para Novonor, dada su continuidad en la concesión. Es decir, será finalmente Odebrecht la que se beneficie por esta seguidilla de arbitrariedades contra Rutas de Lima. Insólito.
Si ni siquiera nuestros políticos de derecha pueden ser capaces de respetar contratos y promover un entorno predictible y estable para las inversiones, ¿quién lo hará entonces? Los costos serán muy altos y llegarán pronto.