El escape de Betssy Chávez es un acto de cobardía más de la infame izquierda peruana. Chávez, que exaltaba su encarcelación comparándose con Jesucristo y Mandela, no tardó en construir una narrativa de victimización para terminar huyendo a la embajada de México. Pero ella no es ni perseguida política ni víctima de conspiración alguna: es una golpista que merece purgar dura condena por intentar imponer una dictadura socialista en el Perú.
Para nadie era un secreto que Betssy Chávez buscaba fugar a México. Si hoy se ha burlado de la justicia, es gracias a la ineptitud de la Fiscalía y la Policía; mientras que la primera no tramitó a tiempo la prórroga de prisión preventiva, la segunda no le hizo el debido seguimiento, a sabiendas de que tenía impedimento de salida del país. Correspondería que la Junta Nacional de Justicia investigue de oficio el accionar de los fiscales involucrados, y que el Congreso convoque al ministro del Interior a rendir explicaciones.
Torre Tagle emitió una respuesta adecuada al anunciar la ruptura diplomática y calificar el asilo como un acto inamistoso. Sin embargo, los continuos agravios al Perú por parte de la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum y su antecesor AMLO, ameritaban una respuesta directa y equivalente del presidente Jose Jerí, en lo que debió ser un contundente mensaje a la nación. En vez de ello, Jerí delegó la tarea al canciller y se limitó a tuitear, presumiendo de una firmeza que no es capaz de verbalizar. Al fin y al cabo, es un presidente que no se pelea con nadie.
¿Y qué pasará ahora con la fugada golpista? Según la jurisprudencia que sentó el caso Colombia vs. Perú (1950), México puede otorgar el asilo por razones políticas, pero el Perú no está obligado a suscribir esa postura ni a otorgar el salvoconducto. Tal como hizo el Reino Unido en el caso Assange, el Perú debe negárselo a Chávez.
¿Cabe ir más allá? La intervención de Noboa en la embajada mexicana en Quito (2024), aunque violatoria de la Convención de Viena, suscita la cuestión de si en casos extremos (golpistas, terroristas, etcétera) se justifica intervenir una embajada. Hoy, que tanto se habla de la salida soberana de la CIDH para luchar contra el crimen organizado, ¿no cabría cuestionar los acuerdos que desnaturalizan el asilo político para tornarlo en impunidad?