Un adolescente de 17 años entró vivo a una comisaría de Manchay y salió de ella agonizando. Hay muchas cosas que todavía deben investigarse. Hay versiones distintas sobre por qué llegó hasta esa casa, sobre lo que ocurrió antes de su detención y sobre las últimas horas dentro de la dependencia policial. Hay un hecho que no se discute: el Estado recibió con vida a un menor de edad y se lo entregó muerto a su familia.
Durante los últimos días hemos visto a su padre contar lo ocurrido. Lo hemos visto relatar las llamadas, las demoras, los pedidos que asegura haber recibido y las últimas horas de su hijo. Lo hemos visto reconstruir en televisión un dolor que ninguna familia debería tener que explicar públicamente. Su testimonio describe a un hijo humillado y golpeado por las autoridades que se supone deberían protegernos. Lo hemos escuchado decir que le pidieron un pollo a la brasa para ver a su hijo. Y luego, dos mil soles.
Los ciudadanos no podemos detener personas, encerrarlas, interrogarlas ni castigarlas pensando que esa sea una forma de hacer justicia. Por eso existe la policía. El Estado tiene el monopolio de la fuerza precisamente porque esa fuerza debe ejercerse bajo reglas, controles y responsabilidades. Cuando una persona es detenida, su integridad pasa a ser responsabilidad de quienes la custodian. Cuando se trata de un menor de edad, esa obligación es todavía mayor.
Por eso este caso provoca tanta conmoción. No se trata únicamente de la muerte de un adolescente. También aparecen las denuncias de la familia, las versiones contradictorias, las dudas sobre el procedimiento y la sensación de que nadie puede explicar con claridad qué ocurrió dentro de una dependencia policial.
Lo más preocupante sería que terminemos aceptando como algo normal que hechos como estos ocurran. También sería grave que aceptemos explicaciones absurdas que pareciera que solo intentan quitar responsabilidades. La versión oficial no despeja dudas porque, además, las preguntas no empiezan con la muerte, sino con todos los hechos anteriores.
A veces hablamos del Estado de derecho como si fuera un concepto lejano, propio de abogados o especialistas. En realidad, se expresa en situaciones muy concretas. Existe cuando una persona sabe que puede acudir a una comisaría sin miedo. Existe cuando una familia tiene la seguridad de que un detenido conservará sus derechos. Existe cuando la autoridad entiende que su función no es castigar ni vengarse, sino hacer cumplir la ley.
Mientras el país intenta comprender lo ocurrido en Manchay, el Congreso continúa discutiendo proyectos que buscan ampliar las protecciones especiales para policías y militares. La seguridad necesita instituciones fuertes, pero también instituciones sometidas al control y la rendición de cuentas. Casos como este recuerdan por qué la justicia y la supervisión civil siguen siendo indispensables.
Las autoridades actuales deben esclarecer esta tragedia. La investigación debe ser independiente y transparente. También quienes van a gobernar el país o aspiraron a hacerlo deberían pronunciarse.
Hay que repetir que la democracia tampoco se reduce al voto o a las campañas electorales. También depende de instituciones que respeten límites y ciudadanos que estemos vigilantes. Si una persona queda bajo custodia del Estado, su vida no puede depender del carácter del agente de turno, de su salud mental ni de la ausencia de testigos. Debe depender de normas, procedimientos y controles.
Hay países donde los ciudadanos temen encontrarse con delincuentes. En el Perú, demasiadas personas también temen encontrarse con una comisaría. Eso debería avergonzarnos.