Faltan menos de 40 días para que una nueva administración del Gobierno nacional asuma las riendas del país por cinco años. El Gobierno encontrará un Estado con graves problemas de legitimidad: una gestión pública marcada por una actuación desastrosa, cuatro presidentes en el último quinquenio y el mal uso persistente del poder y de los recursos de todos los peruanos que deberían destinarse a gobernar con efectividad. Hace falta recuperar la capacidad para resolver los problemas que afectan la vida cotidiana, garantizar los derechos fundamentales, restablecer marcos de integridad y ejercer la prudencia fiscal.
En las siguientes semanas se conformarán los equipos de transferencia de gobierno y empezará una vorágine de revisión documental tanto a nivel de los 18 ministerios sectoriales y la Presidencia del Consejo de Ministros como de los casi 250 pliegos presupuestarios que conforman el Gobierno nacional. El desafío no es menor. Como he señalado en varios espacios de esta columna, es indispensable replantear la operación de los sistemas administrativos que regulan la provisión de bienes públicos, la prestación de servicios, la ejecución de obras y la elaboración de normas.
Aunque los sistemas administrativos regulan recursos o funciones específicas —como presupuesto, contabilidad o abastecimiento—, existe uno esencial: el Sistema de Modernización. Este no administra un recurso en sentido estricto; orienta, articula y transforma la manera en que el Estado se organiza para cumplir su rol fundamental. Su función es articuladora, integradora y transversal a toda la administración pública y conviene darle una mirada integral y estratégica.
El país dispone de normas ad hoc para cada escenario, no se requieren iniciativas o leyes que dilaten tal acción; solo hace falta abrir ese libro de recetas y aplicarlas. Sin embargo, el Congreso, muchos congresistas e incluso algunos medios siguen valorando una métrica equivocada: miden a un buen parlamentario por el número de iniciativas, por las asistencias al pleno, por quién levanta la voz más fuerte o por la cantidad de leyes aprobadas, pero no por su sustancia. Es más, debiera aplicarse una regla de simplificación legislativa; por cada nueva ley que se aprueba debieran derogarse dos. Además del complejo, frondoso y hasta inconsistente cuerpo normativo que nos gobierna, hoy no se valora suficientemente la calidad y la efectividad normativa en términos del interés ciudadano; es decir, normas que realmente respondan a las necesidades de la población.
Recordemos que han pasado casi 20 años desde la promulgación de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y esta no ha cumplido cabalmente su propósito: persisten sistemas administrativos con escasa coordinación y regulados por normativa propia y con información parcial y desintegrada. Esto será lo primero que padezcan los equipos de transferencia del titular entrante. Hoy, las entidades están enfrascadas en prioridades burocráticas particulares, dispersando esfuerzos, duplicando presupuestos, generando contradicciones normativas y una sobrecarga administrativa que nos ahoga.
A poco tiempo de concluir el gobierno actual, el Estado nos deja una mala herencia en materia de gestión pública: diversas instituciones han perdido la brújula de una gestión orientada al ciudadano y han priorizado intereses propios.
Por eso es urgente no solo modernizar de una vez por todas el Estado, sino también detener la farra fiscal que se viene suscribiendo de forma descarada y que nadie denuncia ni impide. Hay ejemplos claros de despilfarro sin sustento ni mérito: el Congreso, totalmente desacreditado y con baja aprobación ciudadana, aprobó un bono de 2 UIT para todos los trabajadores, es decir, cerca de once mil soles por persona; se autorizaron incrementos salariales en entidades sin evaluaciones de consistencia de resultados; y se siguen inyectando recursos para sostener “elefantes blancos” como Petroperú sin aplicar ninguna medida efectiva de reestructuración, por solo citar algunos ejemplos.
Todo ello se asemeja más a un aprovechamiento fiscal indebido que a una gestión responsable. Eso es lo que percibe la ciudadanía y que cada vez está menos dispuesta a tolerar, aunque conserva la esperanza de que las cosas cambien con el nuevo gobierno.