La actual norma es una coladera. Por eso, los organismos electorales proponen modificaciones que permitan, por ejemplo, otorgar un financiamiento público directo a los partidos, poner topes al aporte individual o institucional, obligar a los partidos a presentar un informe financiero preciso y sancionar con medidas de diverso calibre a los que violen las normas. Las organizaciones políticas serían sancionadas "con una multa equivalente a no menos de diez veces ni más de 30 veces el monto de la contribución recibida en exceso, emitida o adulterada, cuando se acredite que el partido político o alianza, o sus candidatos, hayan recibido ingresos anónimos, de fuente prohibida o por encima de los topes señalados en la ley".